La Paz, Baja California Sur.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) está al tanto, desde su oficina regional de Comondú, del proyecto de puertos de altura que busca realizarse en Bahía Magdalena, pero hasta el momento no existe actividad alguna dirigida por los promoventes, aseguró la delegada en Baja California Sur (BCS) de la dependencia federal, Laura Pimentel González.
“Nada más tenemos el conocimiento de la intención de llevar a cabo un proyecto, tenemos oficinas regionales en Comondú y, hasta este momento, no se me ha reportado. Únicamente tengo el conocimiento de la intención de que se lleve a cabo un proyecto”.
Asimismo, dijo que como dependencia no saben qué afectaciones podría tener el proyecto de puertos en Bahía Magdalena, porque aún no se delimita un polígono para realizarse, aseguró.
Pimentel González aseguró que la PROFEPA se encuentra en constantes acciones de vigilancia para detectar obras irregulares realizadas con o sin autorización, así como en constante inspección de términos y condicionantes de proyectos autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
“Si hay la intención de un promovente, en materia de impacto ambiental llevar a cabo un desarrollo o una actividad, SEMARNAT le pregunta a la PROFEPA si existe algún procedimiento administrativo instaurado para esa empresa y/o promovente, o si, en su defecto, ha iniciado obras o actividades, por lo tanto la PROFEPA se va a sus archivos y si hay antecedentes de procedimientos administrativos se le notifica a SEMARNAT y SEMARNAT detiene la autorización”, explicó.
Respecto al proyecto minero Los Cardones, precisó que sólo se ha ingresado un estudio de impacto ambiental y que “ni hay autorización ni hay inicio de obra”, recordando que “mientras exista la intención PROFEPA no interviene, porque únicamente es la intención de llevar a cabo algo”.
Finalmente, refiriéndose a La Pitalla, la delegada indicó que en junio la PROFEPA estuvo inspeccionando la exploración que realizó la empresa minera en San Antonio y se le impuso una sanción económica, pues “no contaban con la autorización para el cambio de uso de suelo”.
