La Paz, Baja California Sur.- Este martes 9 de octubre, el Colegio de Abogados del Estado de Baja California Sur, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) llegaron al acuerdo de recurrir a todos los métodos necesarios para derogar del Código de Procedimientos Penales del Estado la figura conocida como Casa de Arraigo.
Matías Amador Moyrón, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Baja California Sur, señala que la figura de Casa de Arraigo es inconstitucional, pues mientras la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta en su Artículo 16 que el decreto de arraigo se aplicará sólo contra quienes cometan delitos vinculados con la “delincuencia organizada”, en la entidad el Código de Procedimientos Penales otorga esta medida a los Ministerios Públicos (MP) por delitos considerados como graves.
El abogado adelantó que a través del diputado Juan Alberto Federico Valdivia Alvarado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, se iniciará la tarea de anular la Casa de Arraigo, solicitando además, el colegio de abogados, la intervención del gobernador del estado, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur (TSJE), Daniel Gallo Rodríguez.
Asimismo, dejó ver que el trabajo de la Procuraduría General de Justica del Estado (PGJE) ha venido realizándose, prácticamente, al revés:
“Aquí, primero detienen para investigar, y no investigan para detener. Entonces, si detienen a la persona sin elementos de prueba y se le vencen las 48 horas, le solicitan al Juez Federal el arraigo, y el arraigo se aplica fundamentalmente contra personas, o se debe aplicar contra personas, que estén en peligro de evadir la justicia, y ¿cómo va evadir la justicia alguien que ya está detenido?”.
Amador Moyrón, recordó la anécdota de Óscar Cota Olachea, aquel funcionario que escapó de su casa mientras pesaba sobre él la medida de arraigo domiciliario, opinando que desde entonces se aplica sin mayores reparos lo que se conoce como Casa de Arraigo.
Por su parte, Valdivia Alvarado indicó que permanecerá con los oídos abiertos a nuevas sugerencias y fundamentos para abolir esta disposición del Código de Procedimientos Penales del Estado.
“Como abogado que soy, observo, pues, lo mismo que ustedes”, señaló a los integrantes del Colegio de Abogados, “la inconstitucionalidad evidente de la figura del arraigo”.
Así, indicó que se debe “entrar en estudios sobre si se tendrá que derogar la figura como tal o si tenemos que adecuar el Código de Procedimientos Penales a lo que mandata la Constitución”.
El legislador se refirió a la ocasión en que se presentó junto a su homólogo presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Omar Antonio Zavala Agúndez, a la Casa de Arraigo y le fue negada la entrada. Dijo entender que aquello ocurriera por no realizar el procedimiento adecuado para ingresar al sitio, pero no dejó de mencionar que también se debió a la “falta de sensibilidad” de la PGJE.
“La gran deuda con los sudcalifornianos sigue siendo la procuración y la aplicación de la justicia […] Por supuesto que preocupa, no solamente que a dos diputados se les haya negado el acceso, porque el fondo del tema no es ese, sino las lamentables condiciones [de la Casa de Arraigo]”.
Lo que el procurador llama una casa, dijo Federico Valdivia, es en realidad “una jaula”, añadiendo que las fotografías oficiales que se divulgaron de la Casa de Arraigo, publicadas por el semanario Zeta como autoría propia, cuando fueron realizadas por agentes de la PGJE, muestran una celda “recién pintada” –de azul, por cierto-, buscando maquillar las condiciones del lugar, que a pesar de todo son “lamentables”.
Finalmente, Ramón Meza Verdugo, presidente de la CEDH, confirmó que existen expedientes de quejas de la Casa de Arraigo, particularmente por el estado “indigno” y “de suciedad” en el que viven los indiciados, violando así sus garantías individuales.
“Operan dos baños, en malas condiciones. Hay un baño que está en una celda, porque para mí son celdas, no son habitaciones, además celdas muy limitadas, celdas muy incómodas, muy pequeñas, hay un baño en una celda que supuestamente está destinada para cuando haya mujeres arraigadas, es la única que tiene baño, y hay otro baño, que es como el baño común, para todos los demás, desde luego también en malas condiciones […] Las regaderas es un tubo, nada más […] No tienen luz. Preguntamos nosotros por qué no había focos. Supuestamente por medidas de seguridad, que se podían lastimar con los focos […] En fin, las condiciones sí son violatorias de garantías, de derechos humanos, de todo […] A las personas las sacan para que vayan a entrevistarse con el abogado, pero siempre está una persona presente. Incluso, en la visita de nosotros siempre estuvo presente el director de la Policía Ministerial […] Un ambiente pesado y violatorio en todos los sentidos”.
