Luego de que diversos académicos universitarios fueron declarando en torno a una denuncia por “usurpación de funciones” contra el Dr. Carlos Villavicencio, por llamarse “rector legítimo” de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, su representante legal Iván Antonio Castro Beltrán llamó al recurso legal presentado por el abogado universitario, Arturo de la Rosa, como una “graciosa demanda”.
Lo que está sucediendo es preocupante, que este abogado acuda en calidad de abogado de la UABCS mientras que Gustavo Cruz Chávez ya no es rector desde diciembre pasado.
Adrián de la Rosa Escalante está manejando, bajo protesta de decir verdad, que la Junta Consultiva Legal intenta desestabilizar la autonomía universitaria, pese a que en meses pasados ha sido notificado de que Cruz Chávez ya no es rector de la universidad.
Esta notificación ha sido firmada de recibida por quien despacha en el departamento legal de la casa de estudios, por lo que, por este tecnicismo la denuncia sería improcedente, dijo Iván Antonio Castro Beltrán, quien se identificó como el abogado de la Junta Consultiva legal y del Rector legal.
El día de ayer, académicos universitarios que han apoyado la legalidad de Carlos Villavicencio como rector universitario, se encontraban ante los juzgados locales desahogando sentencias que legitiman el nombramiento de Carlos Villavicencio como rector de la máxima casa de estudios sudcaliforniana.
“La junta local de conciliación intentó dejar sin efecto el nombramiento y fracasó, el tribunal lo intentó y fracasó, lo intentó el gobernador en 4 ocasiones y fracasó, lo intentó el Secretario General de Gobierno actual y el anterior, cada quien en dos ocasiones, y fracasaron, después de esos fracasos jurídicos llega una citación de la PGJE, lo que nosotros suponemos es que se está usando a las instituciones públicas del estado para mantener la impunidad en la UABCS, en contra de todas las sentencias que existen”, dijeron.
Mientras las diligencias de la averiguación previa 165/2011 se desahoga en las oficinas de la procuraduría del estado, hace lo mismo en comisiones una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca hacer un llamado al ejecutivo estatal para que ponga orden jurídico en la universidad.
De ser aprobada, el legislativo podría pedir que, mientras continúe el lío legal en que se encuentra la institución, sean retenidas las participaciones federales que la SEP estatal destina a la UABCS.
