Fue ratificada la denuncia penal existente en contra de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, gobernador del estado, y Gamil Arreola Leal, procurador de justicia de Baja California Sur, por el delito de abuso de autoridad y mantener vínculos con Olivia Higuera, conocida como “La vaquerita” o “La vaquera”, y su esposo, el extranjero Mark Burbey, quienes presuntamente tienen relación con la organización criminal llamada “Cártel del Golfo”.
El empresario Rafael Muñoz Martínez acudió a las instalaciones federales de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital del país para denunciar que La vaquerita y Burbey comandan descargos marítimos de droga en el municipio de Mulegé, cuestión que ha notificado a las autoridades locales, resultándole contraproducente, pues los encargados de cuidar el orden y procurar justicia se han puesto en su contra, ya que son vigilantes del buen desempeño en el negocio del Cártel del Pacífico en la entidad.
«Nosotros hemos cooperado con todas las agencias de inteligencia mexicanas en combate a la droga que tiene el señor presidente, lo único que esperamos que si bien no nos protegen, si bien no nos ayudan, que no sean las autoridades las que nos ataquen, nosotros podemos defendernos de los delincuentes pero no podemos contra las autoridades corruptas».
El sector hotelero, según confirmó Muñoz Martínez ante medios nacionales, busca la renuncia de Arreola Leal, después de continuos actos de amenaza y violencia que sus subordinados han realizado en contra de demás empresarios para persuadirlos de guardar silencio, hasta llegar a, recientemente, introducirse a su Hotel, Hotel Playa Buenaventura, y sacar a la fuerza y sin órdenes de cateo o aprehensión a María Elizabeth Espinoza Montaño y el jefe de seguridad Mario Alan Pérez Rivera, para arraigarlos y fabricarles delitos “inexistentes”.
Olivia Higuera cuenta con catorce denuncias penales ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de las cuales ninguna ha procedido.
José Bernal Romero, delegado de la PGR en el estado, ha señalado, a través del departamento de comunicación social, que la procuraduría local no ha recibido ninguna denuncia al respecto ni conoce del tema.
El empresario afirmó que se ha contactado con autoridades de las secretarías de Marina y la Defensa Nacional; PGR y Secretaría de Seguridad Pública federal para exponer las anomalías que suceden en la entidad, así como que envió un escrito a la Secretaría de Gobernación y la Presidencia, detallando acerca del desembarque de droga procedente de Centro y Sudamérica. Asimismo, aseguró que el presidente Felipe Calderón se comprometió por escrito a ordenar una investigación de los hechos.
Los demás acusados son el agente del Ministerio Público Aloy Aguiar Yee y los comandantes Félix Murillo y Ramón Agúndez Ojeda, de la Policía Ministerial y la Policía Municipal, respectivamente.
