Ayer fue negada la solicitud de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el Proyecto Minero San Antonio, presentada por la Compañía Minera Pitalla, S. A. de C. V. anunció la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California Sur.
La dependencia federal explicó que aun cuando la empresa presentó títulos de propiedad y documentos que le amparan, estos no cumplieron con las formalidades dispuestas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento.
La dependencia informó que los trámites de la Minera Pitalla iniciaron con la realización de las exploraciones al amparo de la Norma Oficial Mexicana-NOM-120-SEMARNAT-1997, la cual establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa en zonas con climas secos y templados donde se desarrolle vegetación con matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos.
Una vez concluido este proceso, la compañía minera presentó su solicitud de autorización en materia de Impacto Ambiental ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la misma Secretaría, el pasado 15 de diciembre.
La solicitud de cambio de uso de suelo en terrenos forestales fue presentada para su evaluación y dictamen ante la delegación de la Semarnat en Baja California Sur el 5 de enero de 2012, y el 27 del mismo mes se determinó denegarla.
Este trámite es independiente de la autorización en materia de impacto ambiental que está en proceso en la DGIRA de la misma Secretaría.
Y esta negativa no es más que un paso en una serie de trámites que Minera La Pitalla ha interpuesto ante SEMARNAT para la consecución de su empresa de extracción de oro en la cuenca de San Antonio- Los Planes.
Además, la compañía de capital canadiense a mediados de diciembre de 2011 entregó el estudio de Manifestación de Impacto Ambiental, el cual, se encuentra aún en trámite ante la DGIRA.
Luego de este proceso, fue interpuesta una solicitud de consulta pública elaborada por miembros de la comunidad y sociedades de protección al ambiente.
En torno a estos trámites ni la delegación sudcaliforniana de SEMARNAT ni la DGIRA en la capital del país no han emitido aún fechas para la consulta pública a pesar de que tiene como límite un par de semanas.
