La prestigiosa institución de posgrado cobrará cerca de 2 mdp por realizar “estudios que justifiquen cambio de uso de suelo y de impacto ambiental”
El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste fue la institución contratada por la minera La Pitalla para realizar los estudios impacto y riesgo ambiental (MIA) así como un estudio “técnico justificativo” para el cambio de uso de suelo en los terrenos forestales del municipio de La Paz donde la subsidiaria de la empresa canadiense Argonaut Gold pretende establecer una mina de oro a cielo abierto.
De acuerdo con información publicada en la página oficial de la propia institución del gobierno federal (cuya misión es “coadyuvar al bienestar de la sociedad mediante la realización de investigación científica, innovación tecnológica y formación de recursos humanos, en el manejo sustentable de los recursos naturales”) fue este centro de formación de científicos de mayor importancia en el estado el responsable de elaborar el estudio que justificará tanto el cambio de uso de suelo forestal como la manifestación de impacto ambiental que en este momento evalúan las autoridades mexicanas para aprobar el desarrollo.
El CIBNOR, que también es una Sociedad Civil, se ha caracterizado por ser contratada por toda clase de empresarios extranjeros que desean MIA’s a la medida para ser aprobada por las autoridades mexicanas.
Científicos del centro de posgrado auspiciado por capital público se ha caracterizado por trabajar en la elaboración tanto de manifestaciones de impacto como de estudios técnicos a empresas de talla internacional que buscan “impulsar el desarrollo del estado” como lo fue el polémico estudio de impacto ambiental de “Paraíso del Mar”.
Actualmente trabaja tanto para la española Hansa urbana, que pretende desarrollar el polémico complejo turístico “Cabo Cortés”, así como para la minera “Concordia” que pretende extraer oro en la zona de amortiguamiento de reserva de la biósfera de la Sierra de La Laguna y como ahora se sabe para La Pitalla con quien tiene contratos superiores a los 2 mdp para hacer una MIA que será evaluada este año por las autoridades mexicanas.
Al respecto de un posible “conflicto de intereses” el propio director del CIBNOR, Sergio Hernández Vázquez ha justificado los trabajos para los que el centro es contratado por empresas de la iniciativa privada en base a que dichos estudios de impacto “no dicen que deba proceder o no ante tal o cual desarrollo” sino que simplemente aportan información técnica que es evaluada por la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, última instancia responsable de dictaminar la procedencia de estos desarrollos.
