En espera ambientalistas de la Manifestación de Impacto Ambiental de La Pitalla
“La actividad minera en Baja California Sur, y más en la parte sur del estado, ya dio lo que tenía que dar como desarrollo para el estado, señaló Roberto López Espinosa de los Monteros, director ejecutivo de la asociación civil ambientalista Niparajá.
“La actividad minera en Baja California Sur, y más en la parte sur del estado, ya dio lo que tenía que dar como desarrollo para el estado, señaló Roberto López Espinosa de los Monteros, director ejecutivo de la asociación civil ambientalista Niparajá.

“La legislación ambiental para prevenir y regular muy bien la actividad minera aún está en pañales […] representa muchos riesgos para la salud, la mayoría de los pozos de esa zona ya están contaminados por arsénico […] no deja de representar un riesgo esta actividad para el resto de las actividades económicas del estado”, opina Roberto López Espinosa de los Monteros, director ejecutivo de la asociación civil ambientalista Niparajá, a la espera de los resultados del proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la empresa minera Argonaut Gold presentara a la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el fin de echar a andar La Pitalla, una mina de oro entre San Antonio y San Juan de los planes.

La SEMARNAT debe conceder una reunión informativa pública, sin embargo esta aún no tiene fecha. El fin es “poner sobre la mesa argumentos técnicos, legales, lo mejor fundamentados, para ver si esta empresa minera está haciendo las cosas conforme a normas y reglamentos”, detalló López Espinosa de los Monteros. En Estados Unidos y Canadá, continuó, las restricciones para realizar las actividades mineras que pretenden realizar en nuestro estado “son muy distintas”, pues aunque en aquellos países podrían hacerlo según sus leyes, “no es costeable por la cantidad de restricciones, fianzas en la legislación de sus países”.

A pesar de que Argonaut Gold siguiera todas las normas y leyes mexicanas y conforme a derecho instalara la mina, esta ocasionaría problemas sociales, ambientales y económicos, debido a lo raquítico de las leyes en el tema, y todavía más “con la débil legislación ambiental que tenemos de procuración de la justicia en materia ambiental, desde que no existen los recursos, ni el personal, ni los mecanismos de seguimiento puntual de esas empresas y de las condicionantes que se les establece”, lamentó. Por lo que Niparajá busca que al menos se cumpla con la ley en todo el marco normativo, puesto que consideran que hay elementos para proporcionar a las autoridades con el fin de que estas tomen una decisión en sentido negativo de la minera.

“La actividad minera en Baja California Sur, y más en la parte sur del estado, ya dio lo que tenía que dar como desarrollo para el estado. Fue importante en su momento, pero creemos que ahora hay otras actividades que tienen una mayor viabilidad y sustentabilidad en esta región, que es el desarrollo costero, turístico, urbano residencial, obviamente cuidado, y la agricultura que se da en el área de Los Planes, junto con la pesca y acuacultura”, finalizó.

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