Felipe Rafael Beltrán Ochoa y Rito Osuna Fuerte los flamantes consejeros; el tercer asiento, vacío hasta que se resuelva amparo de Ramírez Garza
Felipe Rafael Beltrán Ochoa y Rito Osuna Fuerte fueron electos por el Congreso del Estado como nuevos consejeros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para ocupar dos de las tres vacantes que hacían falta.
Felipe Beltrán Ochoa es egresado de la Escuela Normal Superior del Estado y la UABCS en la licenciatura en Derecho. Ha cursado diversos cursos y diplomados en materia jurídica y educativa, en su experiencia profesional destaca ser profesor en Educación primaria y Secundaria, auxiliar en el departamento de Exámenes Profesionales y Servicio Social y jefe de la Mesa Técnica de Ciencias Sociales, ambas de la Escuela Normal Superior de BCS, y subdirector de la Escuela Secundaria No.5 “Profesor Humberto Muñoz Zazueta”.
Rito Osuna Fuerte, es licenciado en Pedagogía en la Normal Superior de Tepic, Nayarit, realizó diversos diplomados en Derechos Humanos y Equidad de Género, entre otros; se desempeñó como director fundador del CET-MAR en Los Cabos, coordinador en diversas áreas del CET-MAR en La Paz, así como jefe de Departamento en la misma, a lo largo de su carrera impartió más de 16 materias en esta institución.
Pese a que la CEDH había solicitado la designación de tres consejeros, el Congreso del Estado sólo concedió que dos de estas consejerías encargadas de velar por los derechos fundamentales de los habitantes de Baja California Sur fuesen renovados.
En cuanto a la tercera vacante el presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Juan Alberto Valdivia Alvarado dijo que resulta improcedente nombrar a un sustituto toda vez que quien ocupaba ese asiento en el consejo, Eduardo Ramírez Garza, interpuso un recurso de amparo con número de expediente 692/2011 en el Juzgado de Distrito, por lo que consideró pertinente esperar a la solución de dicho conflicto jurídico.
Los nuevos consejeros sustituyen a José Bernal, quien dejó la CEDH para desempeñarse como delegado de la Procuraduría General de la República en el estado y a una consejera que se había ido por razones menos gratas.
La XIII legislatura recientemente presentó los resultados de una auditoría oficial realizada a la comisión en la que se presentaron 57 no solventadas, que en términos financieros representaron una cantidad de 1 millón 791 mil 923 pesos.
