Se dijo dispuesto a acatar lo que la junta de conciliación disponga en torno a la derogación del decreto 1903
Pese a las disposiciones del Congreso del Estado en torno a derogación modificaciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur todos los documentos legales, convenios, oficios, transacciones financieras y desde luego los títulos profesionales que emitió la Universidad en el periodo posterior al decreto 1903 y previo a su derogación reciente por el Congreso del estado son legales aseguró el rector universitario Gustavo Cruz.
En entrevista que concedió luego de precisamente acudir, por invitación del Congreso del Estado a la sesión solemne en homenaje a sudcalifornianos ilustres, el rector de la UABCS se dijo dispuesto a las decisiones del Consejo General Universitario el cual habrá de determinar el proceder de la institución una vez sea publicada la derogación de las controvertidas modificaciones a la normatividad universitaria la cual no ha sido hecha llegar con la premura que hiciera infame a una de las más discutidas decisiones de la pasada legislatura.
“Tanto un servidor como el secretario académico Dante Salgado somos autoridades reconocidas por las instancias correspondientes, tanto la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior como la Dirección Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública reconocen nuestra personalidad jurídica” expresó.
Por ello, dijo todos los documentos signados por nosotros son legalmente válidos, dijo, aclarando declaraciones vertidas durante el conflicto en que manejaban la posibilidad de una derogación como la que hoy en día se ha venido dando pudiese afectar el marco de legalidad de las decisiones tomadas durante ese periodo.
Mientras el Congreso del Estado actuó en tiempo record para publicar el ahora derogado decreto 1903, hechos que todos fueron dados el mismo día 11 de febrero del 2011 hoy, es día que su derogación y la esperada decisión de las autoridades universitarias se viene aplazando tanto por las autoridades legislativas, ejecutivas y universitarias.
