Hasta el Senado llevan el caso UABCS
El senador considera que se infringió la garantía de irretroactividad establecida en el primer párrafo del artículo 14 de la Norma Suprema. “es dable afirmar que el Congreso del Estado debió observar el principio de irretroactividad y abstenerse de instruir al Consejo General Universitario para convocar en un plazo no mayor de 15 días naturales a una elección de quien ocupara el cargo de Rector de la UABCS.
El senador considera que se infringió la garantía de irretroactividad establecida en el primer párrafo del artículo 14 de la Norma Suprema. “es dable afirmar que el Congreso del Estado debió observar el principio de irretroactividad y abstenerse de instruir al Consejo General Universitario para convocar en un plazo no mayor de 15 días naturales a una elección de quien ocupara el cargo de Rector de la UABCS.

Está sobre la mesa del senado de la república el punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y al Congreso local, para que en el ámbito de sus responsabilidades coadyuven al pleno cumplimiento de la resolución del Juez Tercero de Distrito en el Expediente 29/2011, emitida el 22 de julio de 2011, relativo a la aplicación retroactiva de la Ley y el reconocimiento legal del nombramiento del rector designado por la Junta Consultiva de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), “así como al irregular proceso de designación de diverso Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que se originó por la inobservancia de la Ley y por quedar sin efectos los transitorios impugnados en el Juicio de referencia, para que a través de sus buenos oficios, cuiden que se dé una transición pacífica para el pleno restablecimiento de la Autonomía Universitaria, a fin de que se protejan los derechos de los estudiantes y la comunidad universitaria en general”.

Este punto de acuerdo fue presentado por el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), quien señaló como antecedentes que justifican su solicitud de exhorto a ambos poderes, que “la Autonomía Universitaria tiene las limitantes que la propia ley señala, ya que dicha autonomía nace del artículo 3 constitucional, fracción VII, por ello, la autoridad universitaria no puede quedar al margen del cumplimiento de la ley bajo el argumento de la autonomía. En tal virtud, si bien es cierto que la Universidad Autónoma de Baja California Sur la tiene, conforme a dicho artículo tercero constitucional, y por ende la facultad de autogobierno, no menos cierto es que dicha autonomía no está aislada de los preceptos constitucionales aplicables a los gobernados, por lo tanto, autonomía no significa inmunidad, ni extraterritorialidad, ni excepción de orden jurídico”.

Recordó que  la facultad de interpretación de la Ley Universitaria es exclusiva de la Junta Consultiva Universitaria, indicando que así se ejerció tal facultad al emitir un documento interpretativo que indica quién tiene la jurisdicción para dar nombramiento de rector. Esto hasta el decreto 1903, aprobado truculentamente por el Congreso del Estado y el gobierno en turno, situación que Obregón Espinoza hizo ver también: “El diez de febrero de 2011, los diputados Elmuth Dubeth Castillo Sandoval, Natividad Osuna Aguilar y Silvestre De la Toba Camacho presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman y adicionan los artículos 9, 10 y 12 de la Ley Orgánica de la UABCS. El 11 de febrero del año 2011 se puso a discusión la referida reforma en primera y segunda lectura, concluyendo con su aprobación; así mismo, ese mismo día se envió al Secretario General de Gobierno y éste lo remitió a su vez al Gobernador del Estado de Baja California Sur, quien lo regresó al Secretario señalado, para ser turnado al encargado del Boletín Oficial del Gobierno del Estado y este servidor público lo publica unos minutos después, es decir desde la aprobación hasta la publicación del Decreto 1903, sólo les llevó al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado alrededor de 2 horas con 30 minutos. Aunado a esto, el Consejo General Universitario (CGU) sesionó ese mismo día 11 de febrero de 2011 (día en que se discutió, aprobó y publicó la reforma) e intentó aplicar el Artículo Segundo y Cuarto Transitorio del Decreto 1903 de referencia, a pesar de tener pleno conocimiento que sólo podía convocar para ello el Secretario Académico legalmente investido”.

Siendo así, el senador considera que se infringió la garantía de irretroactividad establecida en el primer párrafo del artículo 14 de la Norma Suprema. “es dable afirmar que el Congreso del Estado debió observar el principio de irretroactividad y abstenerse de instruir al Consejo General Universitario para convocar en un plazo no mayor de 15 días naturales a una elección de quien ocupara el cargo de Rector de la UABCS. Asimismo, la Legislatura estatal en ese tiempo debió de abstenerse de dejar sin efecto legal y administrativo la designación de Rector realizadas por la Junta Consultiva y de mandatar al Secretario Académico para que convocara al Consejo General Universitario para que designara al Rector Interino. Es decir el Decreto 1903, no podía, por su propia naturaleza, retrotraer sus efectos hacia el pasado y menos para modificar o extinguir derechos adquiridos.  La Legislatura vulneró en perjuicio del Rector designado por la Junta Consultiva, lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución General de la República”.

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