También Narciso tiene orden de aprehensión, pero se encuentra amparado
Al igual que Díaz, Ibarra y Jáuregui, el ex gobernador Agúndez Montaño tiene una orden de aprehensión en su contra por el mismo delito, no obstante, “se encuentra bajo los efectos de la suspensión provisional, con motivo de una demanda de amparo que interpuso”, por lo que la procuraduría se haya impedida para ejecutar esa orden de aprehensión.
Al igual que Díaz, Ibarra y Jáuregui, el ex gobernador Agúndez Montaño tiene una orden de aprehensión en su contra por el mismo delito, no obstante, “se encuentra bajo los efectos de la suspensión provisional, con motivo de una demanda de amparo que interpuso”, por lo que la procuraduría se haya impedida para ejecutar esa orden de aprehensión.

“Se determinó que hasta el momento se encuentra acreditada la probable responsabilidad de estas tres personas, que fueron funcionarios del gobierno anterior, y se determinó que se encontraron relacionados con la comisión del delito de incumplimiento de un deber legal por la celebración y firma de un contrato de compra-venta a nombre del gobierno del estado, de siete lotes, ubicados en el Pedregal de Cabo San Lucas, en el cual se estableció que se recibió un precio y nunca fue recibido”, reveló Gamill Arreola Leal, procurador general de justicia del estado, acerca de la detención de Luis Armando Díaz, ex candidato a gobernador por la coalición entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) y actual director de Desarrollo Municipal del ayuntamiento de Los Cabos; Héctor Ibarra Espinoza, ex candidato a presidente municipal de La Paz por la Coalición Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS) y Oficial Mayor en la administración de Narciso Agúndez Montaño y ex director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) durante el inicio de la administración estatal actual; así como Guillermo Jáuregui Moreno, ex secretario de Planeación Urbana de Los Cabos.

Se trata de una suma de más de 72 millones de pesos, señaló Arreola Leal, indicando que la operación realizada por los funcionarios fue “una simulación”, pues “omitieron recibir el precio a nombre del gobierno del estado, y esto le causa un quebranto de más de tres años al gobierno del estado y la ley tipifica que la conducta desplegada de ellos constituye el delito de incumplimiento de un deber legal”.

Al igual que Díaz, Ibarra y Jáuregui, el ex gobernador Agúndez Montaño tiene una orden de aprehensión en su contra por el mismo delito, no obstante, “se encuentra bajo los efectos de la suspensión provisional, con motivo de una demanda de amparo que interpuso”, por lo que la procuraduría se haya impedida para ejecutar esa orden de aprehensión. “Él acudirá ante el Juez Penal a ser sometido y sujeto a proceso, como estarán estos tres también”, dijo el procurador.

De uno a seis años es la pena que podrá alcanzar el trío, y “quienes estén desempeñando algún cargo público puede ser, [su castigo], la suspensión, mientras está sujeto al proceso y en su caso la inhabilitación, cuando se emita una sentencia, en su caso condenatoria”. Y puesto que no es un considerado un delito grave, tienen el derecho de acceder a libertad bajo caución. “Pero hay que entender el valor de la operación y los requisitos que la ley establece para que esta sea concedida, en su caso con las prevenciones que la ley estable, de ir a firmar de forma periódica y de manera semanal, el no ausentarse de la ciudad sin otorgarse permiso por parte de la autoridad”, aclaró.

Por último, Arreola Leal comentó respecto a la aparente cercanía entre Ibarra Espinoza y el gobernador del estado, pues compartieron decenas de escenarios al promover su plan de trabajo, en las pasadas elecciones locales, como la mejor fórmula existente. Durante la campaña se laurearon el uno al otro y se dieron la mano y se abrazaron una y otra vez. “Este es un tema estrictamente jurídico, estrictamente legal, no tiene ningún ánimo político ni partidista […] sin distingos de ninguna naturaleza […] seguimos con las investigaciones, pero estas deben de ser hechas con la pulcritud y el aseo correspondiente para efecto de no cometer irregularidades ni abusos ni hacer una cacería de brujas”.

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