
No ha rendido cuentas, el Organo de Fiscalizaciòn Superior procederá a fincar responsabilidad
Más de 191 millones de pesos en irregularidades administrativas fue la sumatoria que arrojo la auditoría que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Baja California Sur presentó ayer en la sesión especial que el Congreso instaló para sesiones que se pospusieron la semana pasada.
En un congreso con 18 diputados (asistencia record para una sesión) el diputado Ernesto Ibarra Montoya, presidente de la comisión de vigilancia del Órgano de Fiscalización dio lectura al dictamen en el que se enumeraron irregularidades como cheques a cuentas por pagar que se fueron a fondo perdido, pagos fantasma, desvío de fondos y un sinnúmero de faltas que protagonizó la administración del entonces alcalde Joel Villegas en el municipio de Comondú.
Cheques por reposición de gastos a diferentes funcionarios, con importe mayor a lo permitido y sin describir conceptos, pago de compensaciones por servicios prestados al Ayuntamiento sin que la póliza y el recibo fueran firmados, falta de cheques y su documentación soporte, pago de facturas por gastos a comprobar sin justificarse, compra de maquinaria pesada a Banobras sin anexar soporte, falta de pólizas de cheques y su documentación comprobatoria a la cuenta de Fonapo fueron algunas de las 131 irregularidades que enumeró el diputado.
Al leer dicho dictamen, el diputado panista expresó que de las 131 irregularidades no se fueron solventadas una sola de ellas por lo cual el dictamen insta al Órgano de Fiscalización a proceder conforme a la ley.
El artículo 39 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, del Estado, establece que si de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de omisiones o conductas que produzcan daños o perjuicios en contra de las Haciendas Públicas estatal o municipales, al patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales o al de los se procederá en lo inmediato en consecuencia legal y , en su caso, en coadyuvancia con las autoridades.