El pasado jueves 24 de noviembre, el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, un punto de acuerdo para la creación de una comisión especial que investigue la legalidad de los permisos expedidos a la empresa española Hansa Urbana en el caso del proyecto Cabo Cortés, así como para que comparezca el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Elvira Quezada, ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a fin de informar las causas por las cuales se autorizó este proyecto, “que devastará el área natural protegida Cabo Pulmo y la región en general”.
El senador presentó, a manera de “consideraciones”, seis de puntos pertinentes al caso, sin embargo el más importante, quizá, es donde exhibe “las irregularidades de Cabo Cortés”. Aquí aborda trece temas, como el hecho de que “la marina de Cabo Cortés será construida en una zona de dunas”, aun cuando el Plan de Ordenamiento Ecológico del municipio de Los Cabos dicta que “no deberá permitirse ningún tipo de construcción en la zona de dunas costeras a lo largo del litoral”; que “el 35 % del agua que consuma esta ciudad-jardín proviene del acuífero Santiago”; que “los estudios ambientales de Cabo Cortés están basados en información falsa”, pues en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Cabo Cortés asegura que en esa región del Golfo de California las corrientes marinas viajan exclusivamente de sur a norte, “sin embargo, existe información científica publicada y evidencia empírica de los residentes locales que demuestran que el patrón de corrientes es en ambos sentidos”.
Asimismo, menciona en estos temas cuatro irregularidades más en la Manifestación de Impacto Ambiental, explica que “la construcción y operación de la desaladora podría tener impactos que no son analizados en la MIA”, que “contiene omisiones importantes en su consideración de la flora y fauna del lugar”, que “no existe en la MIA referencia a los Tratados Internacionales que México ha firmado relacionados con la región”, que esta Manifestación “adolece de una descripción clara de la superficie aprovechable del predio, y en algunos casos sólo hace referencia de manera muy general al diseño”, por lo tanto, concluye, “la SEMARNAT ignoró sus propias recomendaciones” al aprobarla.
Es así que concluye Obregón Espinoza, recordando la terquedad y testarudez de la SEMARNAT, haciendo énfasis en los acuerdos aprobados en el Congreso de la Unión solicitándole a la SEMARNAT la cancelación de las autorizaciones emitidas a dicho proyecto. “Incluso, el pasado 13 de septiembre, el pleno del Senado aprobó solicitar a la Secretaría de la Función Pública la realización de una investigación exhaustiva respecto de las autorizaciones emitidas al proyecto Cabo Cortés, para que, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, inicie procedimiento administrativo y sancione a los servidores públicos que resulten responsables por la emisión de autorizaciones que contravengan la legislación ambiental y para que obsequie el trámite correspondiente al procedimiento DE-66/2011 que se encuentra en proceso con respecto a la autorización de impacto ambiental otorgada el 24 de enero de 2011, mediante el oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/0606/11, relativa al denominado proyecto Cabo Cortés, así como a la propia SEMARNAT para que, de ser procedente, revoque las autorizaciones expedidas a Hansa Baja Investments, S. de R.L. de C.V.”
