Tras la reunión sostenida entre la Convención Ramsar, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) con organizaciones ambientalistas como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace y miembros de la comunidad de Cabo Pulmo, en torno al caso del desarrollo turístico Cabo Cortés, se espera que la Misión UNESCO-Ramsar emita recomendaciones al estado mexicano con el fin de “fortalecer las políticas para la protección de Cabo Pulmo”, así como emitir un pronunciamiento sobre la toma de decisión en cuanto a Cabo Cortés, comentó Agustín Bravo Gaxiola, coordinador regional de la zona noroeste del CEMDA.
Recordó que la Misión UNESCO-RAMSAR es de carácter diplomático, “tratados vinculantes entre las naciones firmantes”, por lo que aclaró que las recomendaciones que esperan de ella sean en ese tenor, así como “hacer un diagnóstico de qué puede pasar hacia adelante, con base en los elementos que acopian por sí”, un análisis de la pertinencia de las políticas ambientales mexicanas, acción que no realizó SEMARNAT, asegura Bravo Gaxiola, “se tomó nada más una foto estática”.
Por otra parte, Alejandro Olivera, coordinador de la campaña océanos de Greenpeace, expuso que tanto la empresa española Hansa como el gobierno mexicano, lo que hacen con Cabo Cortés es “promover infraestructura a costa de recursos naturales, no del turismo”.
Asimismo, indicó que el negocio de Hansa es la especulación, pues “es una empresa que está en bancarrota y tiene una deuda con la Caja de Ahorro del Mediterráneo”.
“Para saldar esta deuda tuvo que ceder los terrenos de Cabo Cortés y de Nuevo Cancún, en Quintana Roo, sin embargo la Caja de Ahorro del Mediterráneo, a su vez, está en bancarrota […] directamente es ahora el Banco de España quien tiene un poder de decisión sobre lo que va a suceder en Cabo Cortés”.
