Está advertido el Congreso del Estado por el Poder Judicial de la Federación, pues hoy cumple el plazo que este ha otorgado a dicha autoridad para restituir las garantías de Carlos Villavicencio Garayzar, que se vieron violentadas al modificar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California (UABCS) con el fin de eliminar de la institución la figura de Villavicencio Garayzar, quien disputa la rectoría del plantel. De no cumplir con lo que el Poder Judicial de la Federación sentencia, a través del Juzgado Tercero de Distrito de Baja California Sur, “se procederá conforme al Artículo 105 de la Ley de Amparo”, es decir, remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia.
Lo anterior fue publicado por el Juzgado Tercero de Distrito, el 11 de noviembre, en su “lista de acuerdos”.
Mario Alberto Domínguez Trejo, juez tercero de distrito en el estado, estableció sólo un punto resolutivo referente al recurso de revisión del juicio de amparo interpuesto por el Ministerio Público Federal, recurso que buscaba dejar sin defensa a Villavicencio Garayzar ante el usurpo de sus garantías: “Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión, interpuesto por la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al juzgado tercero de distrito en el estado, contra la sentencia dictada en el juicio de amparo número 29/2011”.
Y se requiere que tanto el Congreso del Estado, como el Gobernador Constitucional, el secretario general de gobierno, el encargado del boletín oficial de gobierno, el oficial mayor del congreso del estado, así como todas las autoridades del estado, “cumplan con el fallo protector”.
