A solas, sin que se entere la ciudadanía. Parece que eso quería el gobierno del estado cuando se dispuso a recibir el día de ayer a Daniel Hernández Aguirre, padre de Jonathan Hernández Ascencio, asesinado la madrugada del 4 de marzo del 2010 en las afueras del bar “Las Micheladas”, frente al malecón de la ciudad. Porque cuando los señores Hernández Aguirre y Lupita Ascencio, padres de Jonathan, fueron llevados a las oficinas del secretario general, Carlos Mendoza Davis, este no permitió que los medios de comunicación estuvieran presentes, por lo que la pareja decidió no entrar a esa oficina para que les sigan “juagando el dedo en la boca”. En casos tan particulares, los medios de comunicación son la voz y los oídos del pueblo ¿qué desea ocultar el gobierno?
“Invito a toda la prensa, a la gente que nos apoye. Y a los que me quieran acompañar: a las diez de la mañana, el próximo lunes 24 de octubre en el Palacio de Gobierno. PAZ PARA LA PAZ”. Así finaliza el mensaje del señor Hernández, que el pasado 23 de octubre fue publicado en este medio, donde, además de explicar la causa de su reprobación hacia la procuración de justicia en la entidad y los funcionarios que la procuran, invitó a la prensa y a la ciudadanía a unirse a esta petición, que ahora no sólo compete a este caso, sino al pueblo sudcaliforniano. Era una hora complicada, una fecha complicada y las personas no asistieron, pero sí los medios. Cabe señalar, que el pasado viernes 21 de octubre el procurador de justicia del estado, Gamill Arreola Leal, luego de vacilar, decidió no atender a Hernández Aguirre.
José Manuel Santoyo García, coordinador de enlace gubernamental, se acercó a los padres y les explicó la benévola intención de Mendoza Davis por regalarles un pedacito de su día, pero la condición era “sin prensa”. Al rehusarse los padres, justo a la entrada de la oficina del funcionario, Santoyo García hizo un ademán de “como quieran”, mas volvió en sí y les dijo: “déjenme ver”. Volvió en menos de un minuto y “no”, dijo, “no se puede”. Así que la familia salió de la secretaría particular, que era donde se encontraba el funcionario, y ofreció testimonios a los medios que los acompañaron.
Hernández Aguirre habló y recordó los detalles que vuelven incongruente la resolución del procurador de justicia del estado, Gamill Arreola Leal, luego de liberar a Emilio González Rubio Ojeda, Carlos Alejandro Castro Castro y Alonso Jazziel Soto Murillo, quienes eran señalados como cómplices, bajo la justificación de que ninguno de ellos disparó un arma aquel día, aunque eso nunca fue señalado, sino su complicidad.
“Yo quiero saber si el [gobernador] le encomendó al procurador esclarecer el caso Jonathan o esclarecer la inocencia de estas personas […] quisiera decirle al gobernador y al procurador que si [ellos] se hace[n] responsable[s] si algo le pasa a mi familia, a mi negocio, porque desde el momento que el procurador suelta a estas personas, que supuestamente son inocentes, pues quiere decir que los culpables andan libres, entonces, obviamente se corre peligro […] si Camil [sic] Arreola y el gobernador y el secretario de gobierno me han criticado que por qué los estoy atacando, es porque fue con las tres personas que yo me entrevisté […] él [Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor] me prometió que siempre me iba a recibir […] me está recibiendo a mí, pero a la prensa no. Yo desde este momento, hasta el tiempo que vaya a tardar este juicio, yo no voy a presentarme en ningún momento si no está la prensa, porque ya no quiero que me sigan jugando el dedo en la boca, como lo han hecho”, explicó el señor Hernández Aguirre.
Finalmente, sostuvo que “desde este momento” volverá a convocar a la sociedad, sin manifestarse en el malecón y arriesgar a quienes se unan a la petición de justicia, “porque ahora los asesinos andan sueltos”, sino solicitando la presencia de gente “desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas” para lograr una comitiva verdaderamente imponente, ya que la búsqueda de justicia y de enderezar el mal gobierno, que finalmente debe residir en los puños del pueblo, no se limita al caso Jonathan, sino al caso Baja California Sur. “Esto que está pasando nos está sucediendo a todos, no nada más soy yo, no nada más mataron a mi hijo”.
