Una colectiva de alrededor de cincuenta trabajadores de la Secretaría de Salud (SSA) interpondrá demanda compartida en contra de ésta y de su propio sindicato (sindicato de salubridad sección 61), liderado por el químico Modesto Robles, quien ha hecho caso omiso a las exigencias de sus sindicalizados, señala la enfermera María de los Ángeles Pérez Sánchez, representante de un grupo basificado que apoya a la Colectiva.
En marzo de este año fue la última vez que se otorgaron bases, más de setenta, pero la mayoría no fue cedida a personas que laboraran en la institución, salvo algunos casos totalmente justificables, según la enfermera María de los Ángeles, con 33 años de servicio. El secretario de salud estatal, Santiago Alan Cervantes Aldama, ha señalado que ese problema no le concierne, pues fue heredado por Francisco Cardoza Macías, ex secretario, pero la enfermera insiste en que es problema de la secretaría y por lo tanto suyo también. Indica que hijos propios, de compadres y demás familiares ocupan puestos de base sin haber trabajado antes. Señala al pediatra Luciano Zárate Cueto, quien supuestamente otorgó, con base en influencias, un puesto administrativo a una hija; asimismo al ginecólogo Guillermo Vallarín, quien colocó otra hija como secretaria, ambos puestos de base, o personal del sindicato que repartieron hasta cuatro plazas a familiares.
Por lo que antes de finalizar el mes se espera que una comitiva asista al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a demandar “una base para el trabajador que tiene derecho y […] la anulación del proceso de basificación”, detalla Pérez Sánchez, quien se manifestó por primera vez de manera pública al tomar protesta Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, expresando desde aquella ocasión que existía “una inconformidad dentro de la Secretaría de Salud por la asignación” de bases que las autoridades y su propio sindicato dieron a personas “sin perfil” y sin méritos, pasando por encima de quien por años ha trabajado para la SSA y verdaderamente merece la base.
La Comitiva se ha dirigido al presidente Felipe Calderón, a la Comisión de Derechos Humanos y al sindicato nacional de los trabajadores de la secretaría, pero “se echan la bolita”, cuando hay quienes tienen hasta quince años realizando méritos para ser basificados, trabajando hasta por $1,400 quincenales. Son alrededor de doscientos trabajadores y trabajadoras que han sido desplazados, sin embargo sólo media centena demanda porque el resto teme a represalias o a no ser re contratado.
Porfirio Martínez es el abogado representante de la Colectiva. Fue contratado en la Ciudad de México para evitar influencias o compromisos que los defensores locales puedan tener, detalla finalmente María de los Ángeles Pérez.
