El Archivo Histórico Pablo L. Martínez estrenará instalaciones a finales de año, donde la federación y el gobierno del Estado invertirán alrededor de once millones cuatrocientos setenta mil pesos, a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), para construir la memoria de Baja California Sur.
La propuesta del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), a través del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, fue de las pocas elegidas en el país, dentro de la convocatoria lanzada para infraestructura y equipamiento por el PAICE, además de ser la que recibió más recursos en todo México. “El día nueve de mayo, de este año, se celebró el Comité de Evaluación, para dictaminar los proyectos a nivel nacional. PAICE tenía una bolsa de ciento seis millones de pesos y las solicitudes de todos los gobiernos de los Estados y los municipios se fueron a alrededor de ochocientos cincuenta millones de pesos, entonces el dictamen estuvo muy difícil, peleadísimo”, comenta Elizabeth Acosta Mendía, directora del Archivo.
Éste se ubicará en la parte trasera de la Unidad Cultural Profesor Jesús Castro Agúndez, sobre la calle Ignacio Altamirano, a un costado del edificio del Canal 8. Se trata de un edificio de dos plantas, con acceso total para discapacitados. La primera planta contará con área de exposiciones, atención al público, mesas de trabajo, un panel con diez equipos de cómputo, una bodega para albergar documentos antiguos infectados con hongos, a temperaturas de menos seis grados centígrados, así como un nuevo mecanismo para archivar documentos, a base de rieles y no estanterías, compactando así el área de archivos físicos; en cuanto a la segunda planta, será destinada para restauración, conteniendo bóvedas climatizadas para tratar documentos deteriorados.
Explicando los beneficios sociales de los archivos históricos “en pro de la transparencia”, Acosta Mendía explica lo que motiva la construcción del nuevo edificio. “No hay otra cosa que el rendimiento de cuentas, y las tenemos del siglo XVIII, XIX y principios del XX, hasta 1969, esa es la razón que nos motivó a presentar un proyecto ejecutivo de esta naturaleza (…) ahora tenemos trescientos cincuenta metros cuadrados, al cambiarnos a la nueva sede tendremos mil doscientos cincuenta metros de construcción, lo que representa que nosotros estaremos en condiciones de albergar la memoria histórica que ya es histórica, del 69 al 99, que de momento no es posible, porque no tenemos espacio físico”.
El viernes 12 de agosto se instaló el Comité de Contraloría Social, “para efecto de que la ciudadanía se incorpore en los trabajos de lo que va a dar origen al inicio de la licitación de la convocatoria (…) proyecto está para ejecutarse en seis meses, el día treinta de este mes sale la convocatoria, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para que inicien las propuestas de las empresas interesadas”.
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