Ni el Gobernador o el Procurador “han hojeado siquiera el expediente” lamenta el padre de Jonathan
Ante este cúmulo de promesas no cumplidas, Hernández Aguirre se ve en la necesidad de voltear hacia los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aceptando que es el único partido en el que confía.
Ante este cúmulo de promesas no cumplidas, Hernández Aguirre se ve en la necesidad de voltear hacia los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aceptando que es el único partido en el que confía.

El asesinato de Jonathan Hernández Ascencio, ocurrido el 4 de marzo del 2010, en donde se menciona la complicidad de hijos de ex funcionarios, cada vez se encuentra más enmarañado y pareciera que no le preocupa realmente al gobierno del Estado. El padre de Jonathan Hernández comenta que han turnado el caso a una nueva juez y que ésta le ha informado que el expediente recibido se encuentra incompleto. “Ahí se ve donde hubo corrupción, donde metieron mano muchas personas”, sentencia Hernández Aguirre, padre de Jonathan.

A más de un mes de la reunión sostenida con Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, donde Daniel Hernández Aguirre le explicó paso por paso el proceder y manejo del caso de su hijo asesinado, y donde Covarrubias Villaseñor se comprometiera a nivel personal con el padre de la víctima para llegar a las últimas consecuencias de uno de los más turbios procesos que continúan sin ser resueltos en el Estado, no se ha movido ni una hoja. “De hecho me invitaron a llevar este seguimiento, supuestamente me iban a hablar para estar informando y si yo tenía algo que informarles, pues yo decírselos, pero hasta ahorita no se han comunicado conmigo […] mientras no vea algo que me convenza, donde ‘ya se arraigó a esta persona, ya hay más detenidos, ya hay esto’, yo no le voy a parar, yo voy a seguir atacando, porque yo sí amaba a mí hijo”.

Igualmente ha ocurrido con el secretario general de gobierno, Carlos Mendoza Davis, quien antes de la toma de protesta del gobernador prometió ligarse al caso profundamente, pero hasta hace un mes no había hojeado siquiera el expediente; y el procurador de justicia del Estado, Gamill Arreola Leal, quien aseguró tener un nuevo video del asesinato, mas no lo ha hecho público y tampoco lo ha compartido con las víctimas. “Yo le pedí, que era muy importante, que ese video lo exhibiera, de hecho que me lo presentara a mí, para que mi hijo lo viera [Daniel Hernández Ascencio, hermano de la víctima y herido en el tiroteo] para identificar a las personas […] y hasta la fecha no se ha hecho nada”. Así mismo, el ex secretario de seguridad pública y director de la policía ministerial cuando ocurrió el asesinato, Irineo Martínez Ordaz, ha hecho caso omiso a los citatorios de la procuraduría de justicia del Estado, sin que esto le cause sanción alguna.

Y es que no sólo el gobierno estatal ha hecho su trabajo a medias, pues cuando el presidente Felipe Calderón visitó la ciudad para inaugurar el Hospital Juan María de Salvatierra, se comprometió con la familia “a esclarecernos, a ayudarnos, a exigirle a las mismas autoridades, al gobernador Narciso Agúndez […] él se comprometió, le entregamos documentación, y quiero decir que hasta la fecha, no ha habido ningún apoyo […] del presidente de México”. De la oficina presidencial se giró un oficio al señor Daniel Hernández, donde se le expone que el caso será turnado a la Procuraduría General de la República. Esto aún no ocurre.

Ante este cúmulo de promesas no cumplidas, Hernández Aguirre se ve en la necesidad de voltear hacia los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aceptando que es el único partido en el que confía. “No sé si les competa a ellos, que de alguna manera, no sé, le pidan al procurador que dé la cara, que explique los avances del caso de mi hijo, que si en realidad existen esas famosas líneas de investigación, que si en verdad existe la famosa extradición que Karim Lizárraga, ex procurador de Baja California Sur, claramente dio declaraciones donde en un par de meses se iba a extraditar a este muchacho, Gary Gaines”.

Tal parece que en materia de seguridad e impartición de justicia, al menos a ciento y tantos días del nuevo gobierno estatal, las cosas siguen igual o peores, tal parece que nos tocó serpiente y no escalera, pues además de los casos de Jonathan Hernández Ascencio, Lisset Soto Salinas y Jesús Asael Valtierra Loya, se suman los asesinatos de Alberto Villela Rangel, de José Ramón Manríquez Manríquez y de Jorge Adalberto Leyva Manríquez, todos sin resolver. “A cien días que han pasado desde que él tomó protesta, yo no he visto nada claro, cuando él se comprometió en lo más importante que necesita el pueblo, porque esto es lo más importante, seguridad e impartición de justicia, no he visto absolutamente nada de eso”.

Es así que Daniel Hernández Aguirre lanza un llamado al pueblo de Baja California Sur: “¿Cuándo se van a animar a denunciar, cuándo se van a animar a manifestarse?, ¿cuándo ya no podamos, cuándo ya tengamos que encerrar a nuestros hijos en nuestras casas, que los tengamos que privar de divertirse?, ¿hasta cuándo van a reflexionar? Yo lo intenté muchas veces, si el pueblo no se pone las pilas, aquí nunca va  a haber justicia […] hay que ponernos las pilas y demostrarles que no somos un pueblo callado, que no somos un pueblo miedoso, hay que manifestarnos, hay que cerrar oficinas”.

http://www.youtube.com/watch?v=LSd5T4N-RqQ&feature=player_embedded

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