
Propone secretario de Finanzas revistas de emisiones contaminantes a automóviles, incrementar medidas de fiscalización sin crear nuevos impuestos
Si dejamos de recibir esos 120 millones de pesos que entran a las arcas del gobierno del estado con el pago de tenencia vehicular se deberán buscar mecanismos alternativos para restituir ese faltante, propuso el Secretario de Finanzas Antonio Ramírez Gómez.
“Tendríamos que incrementar tarifas de fiscalización o recaudación por algunos otros derechos, que quede muy claro, sin crear nuevos impuestos” expresó el funcionario estatal al ser abordado por medios locales respecto a la disposición federal que está por extinguir ese impuesto olímpico.
Para el secretario Ramírez Gómez la situación merece acciones preventivas pues es muy posible que este impuesto tenga que desaparecer por disposiciones federales.
El Secretario recordó que “si le sumamos a esto los 220 millones de pesos que recibimos del IETU, el cual también podría desaparecer, imagínese los aprietos en los que va a estar el estado al dejar de recibir 340 millones de pesos”, planteó.
Ello no sólo afectaría a los dineros del estado, también golpearía a las aportaciones que éste realiza a los municipios, recordando que el 20 por ciento de lo que el estado percibe en tenencia se deriva a recursos municipales.
Imagínese usted. A pesar de la situación, el encargado de la administración de las arcas estatales dejó de lado escenarios alarmistas: “No entraríamos en crisis pero si habríamos de buscar un mecanismos para recuperar esos ingresos”.
Por ello el Secretario expresó que desde el poder Ejecutivo estarán en breve trabajando de forma muy estrecha con el Congreso del Estado para que este disponga los nuevos y originales mecanismos para que las percepciones estatales no se vean menguadas por la desaparición de estos gravámenes.
Entre los mecanismos putativos que planteó el Secretario de Fianzas indicó que una opción sería la posibilidad de cobrar por la revista de emisiones contaminantes a todos los vehículos, precisando que ésta es una disposición federal que se acata en la mayoría de los estados de la república y que ha sido pasada por alto en la entidad.