Ayer en reunión el Consejo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de Baja California Sur presidido por el Gobernador del estado, anunció una aportación de del FASP para el ejercicio 2011 por 176 millones de pesos del cual 36 millones serán aportaciones de recursos estatales.
Durante la sesión se expusieron las necesidades y aprobaciones de los recursos de las diversas corporaciones policiacas para el presente ejercicio, en el que se destacó la dotación de equipo de cómputo, de laboratorio, armamento, equipo de protección y anti motines, adquisición de unidades y prestaciones para los elementos de seguridad.
En esta reunión privada, también se anunció que con estos recursos se construirá el Centro y Confianza del Estado el cual ya existe, pero aún no cuenta con certificación federal.
La información del órgano de comunicación del estado expresa que “Ante la presencia del Procurador General de Justicia Gamil Arreola Leal y el secretario de Seguridad Pública Irineo Martínez, el secretario general Carlos Mendoza Davis explicó en el pleno de la reunión que de este fondo, 35 millones de pesos son recursos propios del estado y el restante es etiquetado por la federación, en el que se establecen las bases para contar con un estado seguro y con personal policial confiable”.
Mendoza Davis manifestó que con la instalación de este consejo se toman las decisiones para la autorización, liberación y reasignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, las cuales serán distribuidas en orden de prioridad en busca de la tranquilidad de los habitantes del estado.
¿Qué es el FASP?
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y del Distrito Federal para la seguridad pública destinados exclusivamente a:
- Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública.
- Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.
- Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia.
- Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.
- Seguimiento y evaluación de los programas señalados.
