Ley de ejecución de sanciones es la primera de una serie de reformas necesarias al sistema penal: Bello Sosa
Con un diplomado dirigido a los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal como son personal del Tribunal Superior de Justicia, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y General de la República, Defensoría de Oficio, Secretaría de Seguridad Publica, Centros Penitenciarios y abogados, la procuración e impartición de justicia en la entidad se acerca a una nueva etapa aseguró Ignacio Bello Sosa, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Con este diplomado podremos actualizar al personal en los nuevos lineamientos del sistema judicial mexicano en el marco de la reforma al sistema penal mexicano.
El Presidente habló de todas las nuevas reformas que tienen que llevar a cabo en el marco de la aprobación de la ley de ejecución de sanciones que por cierto fue recientemente aprobada por el congreso sudcaliforniano apenas en la fecha límite para estar dentro del término establecido por la federación.
El primer módulo fue impartido por Faustino Guerrero Posada, docente certificado por la Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), en las instalaciones del salón de actos “Lic. Armando Aguilar Paniagua”, y en su totalidad tendrá una carga horaria de 160 horas, durante 8 fines de semana, al concluir y acreditar la capacitación especializada los participantes recibirán documento con valor curricular.
El Magistrado, manifestó que los contenidos temáticos serán los siguientes: Las Autoridades en Materia de Penas, Medidas de Seguridad y Medidas Judiciales, Ejecución de éstas, los Medios de Prevención y Reinserción Social, el Sistema Penitenciario, la justicia restaurativa, asistencia pospenitenciaria, entre otros.
Bello Sosa, señaló que en el Poder Judicial de Baja California Sur, se está trabajando para cumplir con la Reforma Constitucional y que la actividad jurídica, sus ejecutores y las instituciones que las aplicarán cuenten con las herramientas necesarias y la certificación profesional adecuada que les permita entrar adecuadamente en esta nueva etapa en la administración de justicia cuyo principal beneficio es para la sociedad sudcaliforniana.
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