Khemvirg Puente, politólogo investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y maestro en Estudios Legislativos, por la Universidad de Hull del Reino Unido, llevó a cabo el estudio «La transparencia legislativa local en México», donde Baja California Sur (BCS) se encuentra en como uno de los cuatro Estados peor calificados. El estudio expone “deficiencias, disposición, claroscuros y bolsas millonarias”.
«La transparencia legislativa local en México» denuncia, además de otros puntos, que “los congresos de los estados de la república presentan deficiencias en cuanto a su uso de recursos, rendición de cuentas y liberación de dictámenes”, que “existe poca disposición de los congresos estatales para supervisar el ejercicio del presupuesto y el trabajo de los gobiernos estatales”, además de que el salario de los diputados en la mayoría de los Estados, entre prerrogativas, apoyos para módulos y las tareas en comisiones, es un ingreso exagerado.
Al respecto, el diputado Axxel Gonzalo Sotelo Espinoza, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que debemos recordar que en el 2009 y 2010 Baja California Sur (BCS) fue posicionado en el último lugar de transparencia y opacidad administrativa, por el Instituto Mexicano de Competitividad, pero que hoy nos encontramos en cuarto lugar, lo que supone un avance.
Indicó que la fracción parlamentaria del PRI “ha abonado en tratar de mejorar y crear los mecanismos para poder transparentar y eficientar los procesos administrativos del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, del propio congreso y del poder judicial”. Esto, partiendo de la iniciativa de crear una comisión permanente de transparencia del Congreso del Estado, para contar así, explicó, con leyes de vanguardia, que cuenten “con los procedimientos adecuados, para poder abrir esta información a la ciudadanía”.
En cuanto a la “poca disposición de los congresos estatales para supervisar el ejercicio del presupuesto y el trabajo de los gobiernos estatales”, opinó que el estudio generaliza, que no es específico. “Creo que tendríamos que valorar el accionar y la ejecución de la voluntad del gobernador del Estado de Baja California Sur para poderse fincar un criterio de tal naturaleza”. Aún así, cree que la vinculación entre ejecutivo y legislativo irá en pos de la transparencia, para que esta sea “tangible” para los ciudadanos, comprobable, y no una utopía institucionalizada.
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