“El que acusa, tiene el deber de probar”, señaló Ignacio Bello Sosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), luego de ser cuestionado acerca del cargo por “desconfianza” y “graves perjuicios públicos” que adjudicó Humberto Montiel Padilla, ex presidente del tribunal, a su destitución como presidente en julio del 2009.
El presidente expuso que no le gusta “ventilar las diferencias que se pueden generar en cualquier tipo de órgano colegiado”. Indicó que durante 21 meses ha estado en un juicio de garantías constitucionales y no le ha sido probado nada. “Tendrías que preguntarle a él”, sostuvo, para saber a qué se refería (Montiel Padilla) y el por qué del juicio de garantías constitucionales.
Para Bello Sosa, el TSJ necesita una reorganización administrativa, pues “el presupuesto que tenemos aprobado no alcanza para satisfacer los gastos de operación normal del poder judicial”, dijo. Además, como segunda urgencia, le parece pertinente atender “la instrumentación de la reforma penal”, para lo más pronto posible formalizar los juicios orales.
Finalizó augurando una “afectuosa” relación con el nuevo gobierno, pues considera que los tres poderes deben “caminar juntos de la mano” hacia el fin último, “que es la sociedad”.
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