Tanto la empresa desarrolladora como los representantes de “la sociedad civil organizada” han presentado diversos recursos legales contra el polémico resolutivo
Ni los representantes de la empresa desarrolladora de capital español que actualmente proyecta complejo turístico de gran escala en las inmediaciones de Cabo Pulmo la cual ya ha empleado recursos legales para recuperar la “patente de corso” que se le otorgó originalmente para realizar sus objetivos ni la Sociedad Civil Organizada que representa el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, asociación civil que busca que un desarrollo sustentable para la vida de las especies naturales, “ni la comunidad” se han quedado de brazos cruzados ante el resolutivo parcial que con que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autoriza que se realicen ciertos de los componentes del proyecto denominado Cabo Cortés, indicaron abogados del CEMDA.
Abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) entrevistados para Peninsular Digital enumeraron al menos 3 litigios en los que actualmente se pide la revisión del dictamen resolutivo emitido por la agencia ambiental del Gobierno Federal.
“Hamsa busca ampliar un amparo, con el que ya cuenta desde antes de éste último resolutivo” expresó Agustín Bravo, uno de los litigantes del CEMDA radicado en la región, quien además especificó los otros dos recursos legales presentados por la asociación en la que participa pidiendo tanto un juicio de nulidad como uno de revisión del resolutivo basándose en argumentos relacionados con la falta de información que emite un resolutivo parcial que autorizaría ciertos aspectos del desarrollo sin que se cuente con uno para la desoladora o la impresionante marina que se proyecta.
El abogado asegura que no se tiene certeza suficiente para cuantificar el efecto total que un desarrollo de las dimensiones de Cabo Cortés pueda tener para la diversidad del arrecife resguardado por las leyes mexicanas. Habló del efecto sinérgico de la huella de perturbación ambiental de un desarrollo como Cabo Cortés, podría provocar a miles de obreros a muy bajo salario como para terminar un desarrollo de dimensiones tales que vería su esplendor en el 2030.
Lo anterior lo informaron abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental quienes por su parte también explicaron que ellos han promovido por su parte tanto un recurso de revisión para la manifestación recientemente emitida como la máxima instancia del gobierno federal en materia de asuntos ambientales como un recursos de nulidad promovido por diferentes personajes a quienes representan: asociaciones civiles como Los Cabos Coast Keepers, Greenpeace, entre otras forman parte de el tinglado de instancias protectoras a las que se les ha asociado en estos últimos eventos.
Respecto a los intereses de CEMDA, el abogado explicó que es una Asociación Civil que busca “perfeccionar el derecho ambiental y su aplicación a la sustentabilidad”.
Las organizaciones de conservación locales han sido fuertemente cuestionadas por supuestamente manejan por “intereses particulares” sin embargo, quienes forman parte la asociación aseguraron que, al menos CEMDA, es una asociación civil con estrictos códigos éticos y certificada para recibir donativos deducibles de impuestos tanto en el país como por instancias internacionales, último por lo cual son “brutalmente inspeccionados y fiscalizados por las autoridades”.
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