El gobierno del estado solicitó al gobierno federal “echara a volar” el “Aeródromo Las Arenas” con fines turísticos y con la custodia del Ejército. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí cedió a Baja California Sur los derechos, indica Alfredo Porras Domínguez, secretario general de gobierno.
“Aeródromo Las Arenas” está pensado principalmente para atención de turismo capaz de llegar Baja California Sur en aviones privados, “de esa calidad, de esa capacidad financiera”, explicó el secretario.
Referente a la posible conexión del gobierno estatal con el narcotráfico norteamericano, a través de Joseph Bravo, Porras Domínguez sostuvo que “para efecto de que esto funcionara y no se dieran las cosas que lamentablemente se mencionan, solicitamos que se operara a través de la torre de control del Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León y con la salvaguarda del Ejército Mexicano, para que toda persona que llegara y subiera fuera revisado”.
Continuando con el lamento de que se tilde al gobierno del estado de encontrarse vinculado con narcotraficantes, recordó que “apenas hace unos días el presidente de la República, Felipe Calderón, convocó a los mexicanos a relanzar como potencia turística a México”, de lo que ha resultado que “nuestro estado [sea] el único estado de México que está consignado por los norteamericanos como libre de violencia […] lamentamos mucho que se trate de dañar lo que mucho le ha costado a los sudcalifornianos”, concluyó.
Responde Joseph Bravo
Un comunicado de la empresa la empresa desarrolladora que posee y desarrolla empresas turísticas de los terrenos en los que se encuentra el “Aeródromo Las Arenas” recientemente inaugurado por el Gobernador del Estado Narciso Agúndez Montaño, por el cual se ha visto involucrado en un escándalo mediático de proporción nacional al estar ligada su operación al Señor Joseph Bravo, quien fue señalado por haber cumplido una condena por narcotráfico en los Estado Unidos, aunque no exime a Bravo de las supuestas relaciones con el narcotráfico en el pasado, simplemente indica que su presencia en el momento de la inauguración se debió «a que ahí estaban otros desarrolladores”.
El comunicado tampoco precisa cual es su relación y si existen permisos para que aeronaves toquen tierra sudcaliforniana en la región, simplemente asegura que es el Gobierno estatal quien tiene hizo las gestiones para administrar el aeródromo, pues los signantes del documento afirman que » lo cierto es que el aeródromo es operado por el Gobierno del Estado de Baja California Sur, al amparo de la autorización que le otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio 4.1.202.107, de fecha 26 de enero de 2011″.
Por último, el comunicado, de cuya publicación se responsabiliza José Enrique Valerio Ortega Romero, ex diputado local y exmagistrado del Tribunal Superior no descalifica la información respecto a uno de sus socios y simplemente apunta a los enemigos legales del señor Joseph Bravo; los abogados Villagrán, representantes de Kerry Roger con quien se sostiene un proceso legal por la propiedad de los terrenos de Punta Arena como “los promotores de la información publicada”.
“Por lo anterior es importante precisar, en beneficio de la verdad, que las empresas Punta Arena de la Ventana, S.A. de C.V., y Boca de la Salina, S.A. de C.V., son empresas mexicanas, que operan con absoluta legalidad y generando empleos en el Municipio de La Paz, Baja California Sur, impulsando el desarrollo turístico de esa importante zona con inversiones considerables” finaliza.
El comunicado contradice las declaraciones del Secretario General de Gobierno quien aseguraba que la concesión área es administrada por el gobierno federal.
