Dos medidas necesarias contra la inseguridad; crece el secuestro 300 por ciento: Gutiérrez Candiani
La inseguridad pública, la violencia y la penetración del crimen organizado en la sociedad y en las instituciones de muchas zonas del país, han llegado a niveles intolerables, como se confirmó la semana pasada, con nuevas matanzas multitudinarias de jóvenes, hechos que no pueden dejar de indignarnos, externó el dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gerardo Gutiérrez Candiani.
Mediante comunicado de prensa, señaló que según datos de organizaciones de la sociedad civil, se calcula que en los últimos cinco años, el secuestro ha crecido más de 300%, el robo a casa habitación 20%, el robo con violencia casi 30% y la extorsión 158%, y esto sólo tomando en cuenta lo denunciado.
La economía de muchas regiones del país está siendo afectada gravemente, tanto por los delitos mismos, como por el incremento exponencial en los gastos de prevención que tienen que realizar las empresas y los ciudadanos. El mayor costo, es el de oportunidad: se cierran negocios, se dejan de crear empresas, se limita la actividad productiva y se desalienta la inversión.
La inseguridad pública le quita tiempo y energía a las empresas, a los trabajadores y a las personas para dedicarse a sus actividades y proyectos.
Por encima del aspecto económico, están en juego los principios de la convivencia social y la capacidad del Estado para cumplir con su primera obligación: salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, haciendo valer la ley.
Para avanzar, es indispensable implementar cambios de raíz, que signifiquen un punto de inflexión en el balance de fuerzas y provoquen los resultados concretos y prontos que la sociedad demanda.
La Ley Anti-secuestros, ya aprobada en el Congreso de la Unión, es un gran logro en esta dirección, impulsado desde la sociedad civil. Demuestra que la participación ciudadana funciona y da resultados.
Reconocemos a las organizaciones que impulsaron esta ley que endurece las penas para los secuestradores en hasta 70 años, cancela los beneficios de pre-liberación, indulto y amnistía, e incrementan las condenas para quienes hayan sido militares y policías y en otros casos.
Las grabaciones de llamadas relacionadas con estos delitos, podrán ser usadas como pruebas en los procesos penales, y se establece un fondo para incentivar la denuncia, atender a las víctimas y reparar daños. Se tipifican todas las vertientes de la privación de la libertad, penalizando el chantaje, que se ha vuelto una poderosa industria vinculada directamente con el secuestro.
En las prisiones federales y estatales, se restringirán permanentemente todos los canales de telecomunicación para incomunicar a los delincuentes.
De aplicarse cabalmente, esta nueva ley será un paso transcendental en la lucha contra uno de los delitos que más lastiman a la sociedad; más aún, si se complementa con la urgente creación de reclusorios especializados, en los que se pueda aislar a los secuestradores.
A reserva de conocer el detalle del sistema mediante el cual operaría, respaldamos la iniciativa para establecer el mando único policial en los estados, y llamamos a los legisladores a enriquecerla y aprobarla a la brevedad.
Con esta medida, 32 jefes estatales nombrados por los gobernadores, tendrían bajo su mando a todas las fuerzas policiacas en sus entidades, designando a los titulares de las corporaciones municipales a propuesta de los alcaldes.
Esta medida es una opción viable para revertir la penetración de la delincuencia en las instituciones policiacas y de gobierno de los municipios, que actualmente se encuentran en una posición de vulnerabilidad o indefensión ante el crimen organizado.
La situación general es grave: existen estudios que consideran que más de 80% de las estructuras públicas municipales tienen algún nivel de infiltración de la delincuencia, y más de la mitad sólo cuenta con un máximo de 20 policías.
Para Coparmex, este modelo policiaco debe estar vinculado con la nueva Ley de Seguridad Nacional, pendiente en el Congreso, y contemplar varias condiciones indispensables para funcionar adecuadamente y evitar riesgos colaterales.
La coordinación entre las 32 policías estatales no debe ser centralizada en un mando vertical único, sino conducirse mediante un esquema de toma de decisiones colegiadas, a partir de un nuevo modelo policial nacional y de la Plataforma México.
Hay que asegurar que estas corporaciones tengan un perfil profesional y de proyección transexenal, independiente del factor político. La ley debe contemplar un modelo de estructura y operación homologado, incluyendo temas como la contratación, capacitación y control de confianza. Además, los cambios no deben ser motivo para afectar las funciones básicas de los Ayuntamientos, ni dañar los principios del federalismo.
Todo cambio radical conlleva riesgos, pero en la situación en la que estamos, resulta más peligroso mantener inalterado un sistema inoperante y socavado por la corrupción.
La delincuencia, tiene que ser enfrentada con toda la fuerza del Estado mexicano, de manera corresponsable y coordinada. Este es un reto de todos los mexicanos, no sólo de un solo gobierno.
Pensar que la delincuencia, la corrupción y la impunidad son situaciones con las que hay que aprender a vivir cotidianamente, en lugar de suprimirlas de raíz, es un mito inadmisible.
Recuperar la tranquilidad, la confianza y el Estado de derecho en México es perfectamente posible, pero como señaló en nuestro Encuentro Empresarial el ex Presidente colombiano Álvaro Uribe, se requiere de un acuerdo entre las fuerzas políticas y un gran consenso social sobre lo que procede hacer, y llevarlo a cabo con determinación y constancia.
El caso colombiano presenta lecciones importantes que deben evaluarse para las circunstancias de México: la reforma policiaca que logró centralizar los esfuerzos para asegurar una ventaja en inteligencia y fuerza frente a los criminales, la mejora en la justicia penal y el rechazo social a la delincuencia y la corrupción, con un respaldo popular a los esfuerzos para combatirlos, viendo los golpes al crimen organizado como las primeras victorias en una lucha de largo plazo.
Impulsemos la aprobación de la reforma de la ley de Seguridad Pública y los mandos policiales únicos, así como la implementación oportuna de la ley Anti-Secuestros, desde cada uno de nuestros Centros Empresariales, Delegaciones y Representaciones. Convenzamos a todos los gobernadores y a nuestros legisladores de la pertinencia y urgencia de estos cambios. Podemos hacer que la participación ciudadana vuelva a tener otro triunfo, finalizó Gerardo Gutiérrez Candiani.
Es que el Calderón se aventó ésta guerra como el Borras, sin estrategia ni inteligencia y ahí están las consecuencias: un México vilolento, y ya no se sabe si los asesinos son narcos o policías, el caso es que la economía de México se encamina al despeñadero.
Es verdad que cada vez hay mas ejecutados, levantados,secuestrados etc…. y que los ciudadanos nos sentimos preocupados e inseguros, pero tambien es cierto que desde que el presidente calderas le entro a su guerra contra el narco, estos por enojo, venganza o yo no se que sentimiento extraño, han matado gente a lo tarugo, porque que yo recuerdo que los narcos solo se mataban entre ellos por las plazas pero ahora agarran corte parejo con el que se atravieza.. Esa guerra del gobierno contra esas personas nos esta afectando a todos. Y no es que no este de acuerdo con que se castigue a los culpables de delitos de esta naturaleza, pero debe haber otra forma!!!!