En su estudio «La caja negra del gasto público» y en su apartado las pensiones estatales, advierte el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) que éstas son una bomba de tiempo, ya que ni el Gobierno del Estado ni los gobiernos municipales, están haciendo aportaciones al Fondo de retiro del ISSSTE, no obstante que puntualmente en cada cheque de quincena, se hace el descuento correspondiente.
Esto impedirá que los trabajadores reciban pensión cuando decidan retirarse, alerta el IMCO, pero no se puede medir hasta dónde, ya que el Estado es el de mayor opacidad en cuanto a las finanzas públicas.
Precisa el IMCO que después de las pasadas elecciones locales del 4 de julio de 2010, gran parte de los 12 nuevos gobernadores descubrieron una herencia nada agradable en sus finanzas públicas. En muchos de estos estados, y de otros en los que no hubo elecciones, una sombra se asoma en el corto y en el mediano plazo: los sistemas de pensiones y jubilaciones estatales.
Este es un foco rojo para los estados pues, incluso comparado con la deuda pública, la información es aún más opaca y el conflicto más inmediato.
Subrayar el riesgo que implican estos pasivos contingentes de los gobiernos locales es fundamental para evitar un problema en las finanzas públicas locales. No sólo eso, también es de gran importancia para permitir a estos trabajadores el acceso a un sistema de ahorro más equitativo y funcional.
En nuestro país se han llevado importantes cambios al respecto, pero estos se han quedado cortos. En 1997 comenzó la transición al sistema de cuentas individualizadas, permitiendo así reducir la carga fiscal para el gobierno federal de los pensionados y permitir la inclusión de los trabajadores en el sistema financiero por medio de la administración de sus ahorros en AFORES, así como la portabilidad y transparencia de estas cuentas. Esta reforma significó una transformación mayor al esquema anterior que era administrado por el gobierno y de beneficio definido.41 Este esquema se caracterizaba en que no se acumulaban
reservas, ya que los trabajadores activos financiaban a los retirados.
Dicha estructura funcionó mientras la pirámide poblacional presentaba un número superior de trabajadores activos, pero se volvió insostenible ante el envejecimiento de la fuerza laboral.
La reforma al sistema de pensiones permitió comenzar la transición a un modelo financieramente sostenible en el largo plazo, en donde cada trabajador es el responsable de sus ahorros para el retiro. En 2004 se realizaron modificaciones a la ley del IMSS con las que se buscó individualizar las cuentas de jubilación de los trabajadores que ingresen a partir de esa fecha. Si bien fue sólo de manera parcial, esta reforma permitió sanear las finanzas del organismo.
Actualmente, todavía están pendientes las reformas correspondientes del ISSSTE, CFE, ISSFAM (para las fuerzas armadas) y PEMEX. A nivel estatal también existe un enorme desafío, mismo cuya magnitud no es fácil de dimensionar ni ha recibido la atención que amerita.
Como ocurre en muchos aspectos económicos y legales, cada una de las entidades federativas es una historia aparte. Así, encontramos casos como el de Aguascalientes, en donde su sistema de pensiones local (ISSSPEA) muestra una sustentabilidad de hasta 100 años, con un esquema mixto en donde el estado no enfrenta prácticamente ningún riesgo en el mediano plazo. En la otra cara de la moneda están estados como Baja California Sur y Veracruz, cuyas reservas para el sistema de pensiones local se terminan en 2010, lo que implica que se tendrá que erogar gasto corriente para saldar estas obligaciones contingentes y el gobierno entrante tendrá que realizar urgentemente una reforma a la Ley de Pensiones del estado.
El catálogo de variedades en los sistemas de pensiones y jubilaciones estatales es amplio. Así, en Coahuila existen dos institutos, uno para los trabajadores de la educación y otro para el resto de los burócratas.
La solvencia de ambos institutos es muy distinta entre sí, mientras que el primero tiene reservas hasta por 100 años, el otro sólo tiene para 17 años más.
Junto con Coahuila, Baja California, Nuevo León y Sinaloa tienen una ley para el personal burócrata y una para los trabajadores del magisterio. Esta duplicidad provoca una importante contingencia para estos estados.
Por ejemplo, Sinaloa aprobó en 2009 una moderna Ley de Pensiones que individualizó sus cuentas y redujo su riesgo de manera importante, sin embargo, las pensiones del magisterio continúan representando un problema relevante para las finanzas del estado.
En Baja California Sur, la totalidad de sus trabajadores son pensionados federales por el ISSSTE.
Triste pero cierto, la apatía de los Sindicatos y la falta de compromiso así como la falta de capacidad del Gobierno actual desencadenaran este problema que desfaortunadamente la sociedad la vendra pagando, ya que es la solucion que determina, es decir el camino facil, tomar del presupuesto para el gasto publico para pagar deudas anteriores, y las administraciones actuales no le toman importancia, ya que la bronca no les va a tocar a ellos.