No se debe dar carpetazo al escándalo de corrupción surgido a raíz de la doble escrituración de un predio de 115 hectáreas adquirido en mil 34 millones de dólares y de los cuales – a decir de los propios funcionarios de gobierno – no se pagaron los 272 millones de pesos del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles.
Por el bien de todos, por la dignificación del servicio y del servidor público y la indispensable transparencia en su actuar, urge una definición del tema, donde quede claro que no existe tráfico de influencias e irregularidades administrativas, ni la posibilidad de falsificación de recibos, alteración de documentos oficiales, usurpación de funciones y evasión fiscal, como los funcionarios perredistas tanto estatales como municipales, se achacaban unos a otros.
Las autoridades deben una explicación clara y convincente a la ciudadanía y a la población en general, que se aclaren los dichos y acusaciones mutuas entre los funcionarios públicos que de repente se han quedado mudos en torno a este tema.
Los desencuentros de grupos al interior de los gobiernos perredistas le fallan a los ciudadanos al privilegiar sus ambiciones personales o de tribus, anteponiendo sus intereses electorales a la transparencia y a las cuentas claras en su actuar.
