En manos inexpertas las dependencias que debieran formar una nueva generación de sudcalifornianos; total desvinculación entre niveles escolares y educación superior con los sectores productivos
Del análisis que hizo el abogado y profesor Eligio Moisés Coronado, que preside la comisión educativa del grupo ciudadano que analizó el quinto informe de Narciso Agúndez Montaño se desprende que el gobernador salió reprobado en educación y cultura.
Señala el análisis que tanto la Secretaría de Educación Pública en el Estado, como la Dirección de Cultura se encuentran en manos de incondicionales y que ni remotamente están formando una nueva generación de sudcalifornianos capaces de enfrentarse a los retos de un mundo cada vez más competido y globalizado.
Hay una total desvinculación entre los niveles escolares y la educación superior y entre ésta y los sectores productivos, independientemente de que al parecer no hay interés de poner coto a los grupos de poder incrustados en la universidad pública.
La misión debió haber sido en estos cinco años, eficientar de la mejor manera posible los recursos humanos, financieros y materiales con el fin de asegurar a todos los sudcalifornianos una educación de calidad, equitativa y formativa con sentido humano que sea la base principal del desarrollo intercultural, científico y tecnológico del Estado.
Educar tiene qué ver con enseñanza, sí, pero aún más con la búsqueda propia del conocimiento, y cuyo fin último es el desarrollo de cada persona hacia su independencia y libertad para estar en condiciones de contribuir cabal y positivamente con su inteligencia, capacidad, trabajo y productividad a los empeños generales de crecimiento en todos los órdenes.
Al revisar sus documentos en esta materia, resulta que en ninguna parte se habla de cuál es el tipo de sudcaliforniano que se quiere formar con ella. Parece ser que esas definiciones las ha considerado cubiertas por la dependencia económica, pedagógica y administrativa que se tiene de la federación, y así la información alusiva habla de asuntos puramente oficinescos, en que se proporciona la caracterización de cada uno de los escritorios de la secretaría estatal de Educación Pública.
Cuando en los materiales de ésta se hace referencia al perfil de egreso de la educación básica, por ejemplo, ninguno de los rasgos enlistados tiene relación con el perfil del sudcaliforniano deseable para el presente y el porvenir de nuestra entidad.
Es lamentablemente innegable que el actual gobierno del estado renunció desde el principio a reasumir el papel protagónico en la orientación del desarrollo educativo de la entidad originado en el Programa Nacional de Descentralización Educativa, en el programa de Transformación Educativa enunciado por el Plan nacional de Desarrollo 2006-2012, en la Ley General de Educación y en la de Baja California Sur.
No se dijo en el V informe, que uno de los «resultados» de la política en materia educacional es la continuación de la toma del edificio sindical de los trabajadores del ramo, por profesores que después de tanto tiempo de plantón siguen cobrando sus salarios, a pesar de las declaraciones del secretario y del contralor en el sentido de que no sólo deberían reintegrarse a sus labores sino reintegrar las cantidades indebidamente devengadas.
Mucho menos se hizo alusión al Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2007, donde se dice que «no permite en las bases de datos proporcionadas, y en los registros contables de ambas dependencias [SEP y Secretaría de Finanzas], identificar y fiscalizar con transparencia, los recursos federales transferidos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), en contravención de las mejores prácticas de gobierno.
En el mismo documento de la Auditoría Fiscal de la federación, se dice que fueron incorporados a las nóminas 56 centros de trabajo clausurados, y algunas otras cosas más.
Es notable que en el capítulo de infraestructura nada se dijo de la construcción de techumbres, que tienen a su cargo algunas empresas de personas vinculadas a la familia en el poder y que, mediante licitaciones adecuadas, les han producido utilidades seguramente importantes.
También faltó en el discurso informativo la solicitud ante la comisión de Asuntos Educativos de la Cámara federal de Diputados, de apoyo para un programa de reducción de puestos de trabajo en la UABCS. Así ha quedado en evidencia ante el secretario Alonso Lujambio Irazábal y el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (PRD) la incapacidad de esta administración estatal para superar los problemas, a sólo meses de terminar el sexenio.
