El empresario Enrique Félix Martínez interpuso demanda civil en contra del Gobierno del Estado, del actual Procurador General de Justicia del Estado, y el Notario Público No. 12, para anular la compraventa del predio donado originalmente, a la Presidencia de la República
El pasado viernes 26 de marzo del 2010, el empresario Enrique Félix Martínez interpuso demanda civil de nulidad absoluta del contrato de compraventa del balneario El Caimancito celebrada en el 2005, misma que quedó radicada en el Juzgado Primero Civil de esta Ciudad, en contra del Gobierno del Estado, de la empresa transnacional «United Investments», representada en la operación por Karim Martínez Lizárraga, actual procurador de Justicia en el Estado, y en contra del Notario 12º con residencia en esta ciudad.
Al respecto, el abogado Jesús Arturo Rubio Ruíz apuntó que Félix Martínez demandó la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado el 28 de septiembre de 2005, por el actual procurador, en representación de su mandante «United Investments», y el Gobierno del Estado, respecto del inmueble denominado «Balneario El Caimancito», en esta ciudad.
Explicó que dicha demanda se basa exclusiva y totalmente en documentales públicos, todas ellas de valor probatorio pleno, y que acreditan que la venta del inmueble se realizó en contravención a la legislación vigente en la entidad, fuera del procedimiento legítimo de licitación que convalidara la operación.
Toda vez que el predio en cuestión se encuentra sujeto a un usufructo vitalicio otorgado por el donante original a favor de la Presidencia de la República, con objeto de que El Caimancito mantuviera como destino el ser la Casa del Presidente de la República, le resulta llamamiento a Juicio al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien habrá de ser emplazado por los conductos legales, para que en el marco de la ley aplicable, haga valer los derechos que como usufructuario le corresponden en función de la investidura de mandatario federal que detenta, y que se respete la voluntad del donante originario, tal y como exige el Código Civil en vigor.
Tal demanda, dijo, es una «papa caliente», y el juez primero civil, que no es precisamente reconocido por su honestidad y objetividad, hará todo lo posible por excusarse de conocer el expediente, y pedirá a sus superiores que lo releven de la responsabilidad.
La excusa que ya anunció, se constituye en una «medida dilatoria» a modo, para prolongar el proceso y con ello retrasar la resolución del caso, que en justicia, debe concluir con la declaración judicial de que la venta de El Caimancito es nula, por no haberse seguido el proceso de licitación, y por no haber respetado el derecho preferencial de arrendatario y usufructurario, en el caso, el señor Félix y el Presidente de la República, respectivamente.
Para evitar las dilaciones judiciales, se acudirá oportunamente ante la Corte Federal, a través del Juicio de Garantías, para exigir que la justicia del estado actúe en el caso, con apego a la ley, y resuelva el caso de manera pronta y expedita.
Aunado a lo anterior, se hará un llamamiento, tanto a los diputados federales como a los senadores de la República, para que desde el inicio del procedimiento, se vigile celosamente la legalidad del mismo, pues se teme tráfico de influencia, tanto del ejecutivo estatal como del actual procurador de justicia, que tendrá que renunciar a su encargo para poder defender a quien representó en la compraventa del inmueble, o de lo contrario, faltará a la promesa que hizo al asumir su actual encargo, de cumplir y hacer cumplir las leyes, finalizó Jesús Arturo Rubio Ruíz.
