Señalan abogados que la presunción es insuficiente para solicitar la extradición, y que podrían pasar muchos años antes de que pudiera concretarse
No se van a cumplir las promesas que hizo el gobernador, el viernes 12 de marzo en una reunión pública, y al rendir su quinto informe de gobierno, de que a más tardar en 3 semanas se pedirá la extradición de Gary Gaines Hidalgo, presunto homicida de Jonathan Hernández, consideraron jurisperitos que pidieron que se les mantuviera en el anonimato para no exponerse a revanchas en su actividad como litigantes.
Consideraron postulantes que pueden pasar años para que el gobierno norteamericano conceda la extradición, porque la presunción es prueba insuficiente para fincar responsabilidades, ya que por principio de cuentas, viciado o no el procedimiento, la prueba del rodiozonato le salió negativa a Gaines Hidalgo, y hasta el momento no se ha encontrado el arma homicida.
Estiman que el gobernador mintió al ofrecerle una solución a la familia Hernández Ascencio, cuyo hijo fue asesinado la madrugada del 4 de marzo en el malecón de La Paz.
La «orden de presentación», emitida por la Procuraduría del Estado no era suficiente para solicitar una extradición. Para obtener la orden de aprehensión podría pasar una semana, porque al dejarlo ir el Ministerio Público ya no se acredita la flagrancia ni la urgencia porque el sujeto ya se sustrajo de la acción.
Cuando salga la orden de aprehensión la Procuraduría deberá llevarla a la ciudad de México ante la Dirección General de Extradiciones, donde el trámite dura promedio entre dos meses y tres años.
Es vox populi que el presunto homicida es hijo de un prominente empresario que respaldó económicamente la campaña política de Narciso Agúndez Montaño cuando se lanzó como candidato a gobernador de Baja California Sur.
Además de las falsas promesas, los Hernández se manifestaron burlados en su buena fe, porque el titular del Poder Ejecutivo designó a cargo de la investigación del homicidio de su hijo como fiscal especial a Francisco Javier Álvarez Marrón, de quien después supieron fue subordinado del ex presidente municipal de La Paz y actual diputado federal, Víctor Manuel Castro Cosío, tío de Carlos Alejandro Castro Castro, uno de los presuntos agresores.
Y como encargado de despacho en la Procuraduría General de Justicia del Estado, el gobernador instaló a Francisco Karim Martínez Lizárraga a quien señalan de tener intereses civiles y de amistad ligados a los del gobernador y del PRD.
Hay documentos de que el nuevo titular de la PGJE es proveedor del Gobierno del Estado. El número 608 de bienes y servicios aparece dado de alta desde el año 2008. Los servicios y productos que ofrece Francisco Karim Martínez Lizárraga, son pagados con dinero de la partida MALK671004HQ3 210401. Fue asesor legal del PRD durante la campaña electoral del 2008″.
También dudan de su actuar futuro, porque fueron informados que en el pasado certificó el contrato privado entre Martín Ceseña Cosío como vendedor y el líder invasor César Uzcanga Amador como comprador del predio La Ballena, el cual fue invadido en violenta por los integrantes de la Unión de Colonias Independientes (UCI), liderada por el propio César Uzcanga y su compadre el gobernador Narciso Agúndez.
