Diana Cuevas
De encontrarse responsable, Rubio Cerecer podría ser sentenciado a una pena mínima de ocho a diez años de prisión
A la 13:00 horas del día de hoy en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, se presentó Daniela Hernández Ascencio para dejar asentada una denuncia de hechos contra Fernando González Rubio Cerecer “por ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tortura, intimidación, coalición de servidores públicos, evasión de presos, alteración de la escena del delito, violación de garantías e impedimentos y/o lo que resulte, y/o quien o quienes resulten responsables” en torno al procedimiento judicial iniciado por el asesinato de Jonathan Hernández cuando se desempeñó como Procurador General de Justicia del Estado.
Según el abogado de la familia Hernández Ascencio, Lic. Jesús Arturo Rubio Ruíz, de encontrarse responsable de las imputaciones y ser sentenciado “la pena mínima es de 8 a 10 años”. Hicieron dos solicitudes más. La primera es una solicitud de dictamen pericial, en la que proponen como perito al Lic. Francisco Rocha, ex Director de servicios periciales de la Zona Norte, para que investigue y evalúe las irregularidades en el aseguramiento, recopilación y cadena de custodia de los elementos de la escena del crimen. La segunda es la solicitud de una terna del Colegio de Abogados para que escojan a dos encargados que funjan como expertos y evalúen las eficiencias administrativas y delictivas en las que se ha incurrido durante el caso. Los nombres de José Ramón Meza Verdugo y Fausto Gómez, fueron mencionados como probables expertos.
Una vez establecida la demanda, la familia Hernández Ascencio fue recibida en el despacho de Martínez Lizárraga quien, en voz de Daniela Hernández, “se comprometió de corazón, y dijo que va hacer todo lo posible por trabajar”.
Hay que recordar que hace 22 días el gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño, recibió a los Hernández Ascencio en su despacho, destituyó a González Rubio Cerecer y se comprometió a actuar en contra los servidores públicos que hubieran recurrido en omisiones en el proceso de averiguación. Sin embargo como asegura la tía Ramona Hernández “lo destituyeron y nada.” La tía del joven asesinado también comentó respecto del nombramiento de Martínez Lizárraga como el nuevo Procurador General de Justicia del Estado “a los diputados les dieron $300 000 para que votaran a favor del nuevo procurador”.
FERNANDO GONZALEZ RUBIO CERECER Y EDGAR ULISES CASTRO SANCHEZ AL BOTE POR RATAS, CORRUPTOS Y COCHIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!