* Revela que en el Centro Empresarial se han recibido documentos en los que se señala que el ex funcionario tenía una estructura para el cobro de cuotas del narcomenudeo en todo el Estado

El consejo directivo del Centro Empresarial de Baja California Sur pide al gobernador del Estado y a la Procuraduría General de la República investigar presuntos nexos del ex procurador, Fernando González Rubio Cerecer con el narcotráfico.

Dijo el presidente del organismo, Guillermo Beltrán, que en el sindicato de los empresarios se han estado recibiendo documentos por correo electrónico, copia de los cuales obran en poder de este cotidiano, en los que se asegura que el funcionario estatal, tenía una estructura para el cobro de cuotas al narcomenudeo en todo el Estado.

Se señala en los documentos, que en Los Cabos, el comandante regional de la zona sur, Sergio de Jesús Castro y el Lic. Barajas, desde hace 5 años han estado recibiendo 90 mil pesos mensuales por dejar operar a los narcomenudistas.

Que en La Paz, el subprocurador Lic. Luis Alberto López y el comandante Ramón Solís Magallanes, durante los dos últimos años han estado recibiendo 350 mil pesos mensuales.

Que en los municipios de Comondú y de Loreto, el mismo comandante Magallanes y el jefe de grupo de Aprehensiones en La Paz, mencionado como Calderón Hinojosa, han estado recibiendo desde hace 4 años 32,500 pesos semanales por cada municipio y que en Mulegé la cuota desde hace 6 meses es de 24 mil pesos semanales para Martín Fernández, comandante regional zona norte de la UMAN y 35 mil pesos semanales para el Ministerio Público que se menciona como licenciado Parra.

Que todo este personal era dirigido por el licenciado José Irineo Martínez Ordaz, director de la Policía Ministerial del Estado. de quien se dice estuvo involucrado en el cateo realizado en la casa de Raydel López Uriarte alias El Muletas, a un lado del Colegio California y a un costado de la casa del gobernador, de donde sacaron 1 millón 200 mil pesos en efectivo. 40 mil dólares, así como 5 pantallas de plasma, ropa y accesorios.

Toda esta serie de actos de corrupción, que son del conocimiento de la ciudadanía, no deben quedar impunes, pues de por medio está el prestigio no de quienes se encuentran involucrados, sino de las instituciones, que bajo ningún concepto deben violentarse.

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