Alonso Javier Soto Murillo, Emilio González Rubio Ojeda, y Alejandro Castro Castro, alias «El Bebo», ayer fueron confrontados con los sobrevivientes de los sangrientos hechos registrados en el bar «Las Micheladas», y donde perdiera la vida Jonathan Hernández Ascencio
Después de ser sometidos a la medida cautelar a solicitud de la Fiscalía Especial instalada para el esclarecimiento del crimen de Jonathan Hernández Ascencio, ayer los arraigados Alonso Javier Soto Murillo, Emilio González Rubio Ojeda, y Alejandro Castro Castro, alias «El Bebo», fueron confrontados con los sobrevivientes de los sangrientos hechos registrados a las afueras del bar «Las Micheladas», siendo reconocidos como las mismas personas a que hacen mención en sus declaraciones ministeriales, y en las que señalan a Gary Gaines Hidalgo como autor material del asesinato del abogado.
Las diligencias de confrontación se llevaron a cabo con todas las formalidades de ley, tras acudir Daniel Hernández Ascencio -hermano del occiso- junto con Héctor Ascencio Ceseña al centro de arraigos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado -PGJE-, y quienes reconocieron de manera inequívoca a los arraigados que se traduce en prueba que fortalece la presunción de responsabilidad en contra de quienes pesan ya imputaciones directas de participación en la cadena de eventos en los que perdiera la vida Jonathan Hernández Ascencio.
Lo anterior fue dado a conocer por el Arturo Rubio Ruiz, abogado coadyuvante en las investigaciones para esclarecer el crimen, y quien además resaltó que debe castigarse a todos los responsables, tanto al autor material como a los intelectuales, y debe emprenderse una verdadera campaña de prevención del delito abatiendo todas las causas generadores de la escalada de violencia que se vierte en creciente dentro de la sociedad sudcaliforniana, cada día más amenazada por la delincuencia organizada, y mal protegida por los cuerpos policíacos desorganizados, sin capacitación, mal pagados y bajo el mando, muchas veces de funcionarios corruptos e ineptos.
E incluso también se informa que los arraigados ayer se negaron a someterse a la prueba de polígrafo -detector de mentiras-, ello aún cuando junto con sus representantes legales han estado difundiendo por diversos medios que son «chivos expiatorios», y que no tienen nada que ocultar, que no participaron en los hechos, y que también son víctimas del sistema de procuración de justicia.
Y para tal efecto se obtuvo la designación de un perito en la materia, mismo que cuenta con reconocimiento internacional de su ejercicio profesional en el manejo del polígrafo, pero como anterior se mencionó, los arraigados se negaron a practicar la prueba.
«Si no tienen nada que ocultar, si no tuvieron participación en los hechos, por qué se niegan a someterse una prueba que por sí misma evidenciaría la coincidencia entre lo que afirman y lo que pericialmente pueda constatarse», refirió Rubio Ruiz.
Agregando:»Solamente quienes temen enfrentarse a la verdad, o pretenden ocultarla, se niegan a someterse a la prueba del polígrafo».
Así mismo, Rubio Ruiz, destacó que se seguirán agotando los medios legales de búsqueda de la verdad para que el resultado de la indagatoria refleje el conocimiento de la verdad histórica del evento, y se pueda exigir ante los tribunales el castigo más severo que conforme a la ley aplicable, pueda imponerse a los responsables.
Por ultimo, se establece que una de las líneas de investigación, apunta a que el evento se constituyó en un «rito de iniciación», en el cual, un novato y/o aspirante es requerido por los líderes de la pandilla, para que demuestre mediante la realización de un hecho específico, que es digno de formar parte de la pandilla.
De comprobarse esa línea de investigación, el asesinato de Jonathan Hernández Ascencio, habría sido el resultado de una ejecución por encargo, de una prueba de exigencia a un aspirante a ingresar a un grupo y/o pandilla.
«Tan espeluznante expectativa, propia de las pandillas violentas como «La eMe», «Mara Salvatrucha», «Lo Aztecas», no tiene precedente registrado en Baja California Sur, y no podemos permitir que se repita», refirió Rubio Ruiz.
