Obligado a informar sobre la falta de transparencia en el manejo de recursos, incapacidad policiaca, ejecuciones sin esclarecerse, narcomenudeo, desorden en el Poder Judicial y sometimiento del Congreso a sus caprichos
La Diputada Federal Esthela de Jesús Ponce Beltrán, el Presidente del Colegio de Abogados de Baja California Sur A.C, Ramón Meza Verdugo, y el Presidente del Consejo Ciudadano para la Atención de Víctimas del Delito A.C, Jesús Arturo Rubio Ruíz, coincidieron en señalar que esperan que en su informe del próximo lunes, Narciso Agúndez Montaño dé a conocer la realidad que priva en la entidad en materia de transparencia en el manejo de los recursos públicos, inseguridad pública, procuración y administración de justicia, toda vez que en los últimos años se han registrado ejecuciones no esclarecidas, aumento del rezago de averiguaciones previas y de expedientes judiciales y un Congreso del Estado sometido a sus caprichos.
Incluso, Ponce Beltrán apuntó que existe un gobierno estatal rebasado, a punto de caer en la ingobernabilidad, «estamos tocando fondo, pues en cuatro décadas no habíamos visto una crisis económica, política y social, y de credibilidad, como la que nos afecta».
Al igual que lo externó en el programa informativo A mediodía, conducido por Jesús Taylor, la diputada priista lamentó que tengamos que soportar por un año más estos poderes del Estado que no responden a la realidad de Baja California Sur: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sobrenadan en el descrédito por su inoperancia, incapacidad y corrupción.
Mientras por su parte el Presidente del Colegio de Abogados de Baja California Sur A.C, Ramón Meza Verdugo apuntó que el Jefe del Ejecutivo está obligado a rendir un informe realista, que dé a conocer sobre la situación real sobre la procuración e impartición de justicia, así como de los últimos acontecimientos que han lesionado enormemente el acontecer social en la entidad.
Y añadió que existen varios apartados, particularmente en en materia de justicia, donde el Gobierno del Estado debe conducirse con veracidad frente a una ciudadanía que está a la espera de que sean resueltas sus demandas.
A su vez el Presidente del Consejo Ciudadano para la Atención de Víctimas del Delito A.C, Jesús Arturo Rubio Ruíz, refirió que Narciso Agúndez Montaño debe informar por qué no se han atendido los programas de capacitación policial, por qué se ha privilegiado la compra de armamento y de vehículos, donde de seguro el recurso asignado para ello se destina para otra cosa, así como también debe informar por qué los sueldos de los elementos de las corporaciones se encuentran por debajo de la media nacional.
También debe informar del por qué el grave desordén que priva en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por qué no se ha instalado un recinto para la celebración de los juicios orales que según Ignacio Bello Sosa el estado sería un estado piloto, dónde quedó ese recurso.
Rubio Ruíz añadió que igual en el Poder Judicial no existe transparencia en el manejo de los recursos públicos, donde el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia ha sido saqueado, cometiéndose incluso el delito de peculado aceptado por el propio presidente Humberto Montiel Padilla al externar que en diciembre pasado se utilizaron recursos de ese fondo para el pago de bonos.
Para la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, sus sectores, sus organizaciones y su fracción parlamentaria en el Congreso, mediante comunicado de prensa, sostienen públicamente que entre otras cosas importantes que la ciudadanía espera del quinto informe del gobernador, es conocer a plenitud los temas de la inseguridad pública, la administración y procuración de justicia y los derechos humanos, que ocupan varias páginas del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.
En este documento, que por cierto hace un diagnóstico negativo de la administración anterior -la de Leonel Cota Montaño-, el actual gobernador planteó objetivos, estrategias y metas que no se han cumplido, cuando en los últimos cinco años, con el deterioro del Poder Judicial, los habitantes de Baja California Sur han padecido la zozobra de la inseguridad, del narcomenudeo, de las ejecuciones sin aclararse, y del abuso de poder.
