El Congreso del Estado, como responsable de vigilar la legalidad de los actos del gobernador, debe exigirle respeto a la autonomía del Poder Judicial dado que a la inconstitucionalidad en el nombramiento de Procurador interino o encargado del despacho, se suma el abuso de poder al designar un fiscal especial, figura que desapareció de las leyes porque violaba las constituciones del país y la Estatal, dijo el abogado Arturo Rubio Ruíz.
Ante los medios de comunicación, el presidente del Consejo Ciudadano en Defensa de Víctimas del Delito, señaló que «en las funciones de seguridad, como la procuración y administración de justicia no puede haber encargados del despacho, ya que justicia debe aplicarse en forma continua y no puede haber vacíos por lo que la Ley establece un Ministerio o Mandato, en el caso de la Procuraduría, el gobernador no es superior al procurador.
Ahora corresponde al Congreso del Estado, como responsable de vigilar la legalidad de los actos del gobernador, son los representantes de la ciudadanía y son ellos los que deben exigir que se cumpla el marco de derecho y la rendición de cuentas.».
Comentó que independientemente de las acciones que determine realizar el Colegio de Abogados y los mismos profesionistas «en lo personal me ampararé contra cualquier acto que realice el Procurador Karim Francisco Martínez Lizárraga ,ya que al ser ilegal su actuación no puedo permitir que afecte a mis clientes».
Por otra parte, Rubio Ruíz se refirió al nombramiento del Fiscal Especial para el caso del homicidio de Jonathan Hernández Ascencio, del que afirmó «no existe en la legislación de BCS la figura de Fiscal Especial, y el gobernador es de memoria muy cortita ya que entre junio y julio 2008 el Congreso del Estado le aprobó al Ejecutivo sus nuevas Leyes del Ministerio Público y la Ley Orgánica de la Procuraduría en las que no aparece la figura del Fiscal, la que desapareció porque violaba las Constituciones estatal y federal, y claramente señalan que el único persecutor facultado es el Ministerio Público a través de sus agentes».
Indicó que de acuerdo a las acciones emprendidas por el nombrado fiscal Francisco Alvarez Marrón y las declaraciones hechas por el gobernador en torno al caso, «si la familia del presunto homicida recaba las notas periodísticas logra fácilmente que el joven no pueda ser extraditado».
