Ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, cientos de ciudadanos, jóvenes universitarios y miembros de la familia de Jonathan Hernández Ascencio, asesinado el pasado jueves 04 de marzo en las afueras del Bar Las Micheladas, externaron su desconfianza sobre el flamante encargado del despacho de la PGE, Francisco Karim Martínez Lizárraga, y del Fiscal Especial, Francisco Javier Alvarez Marrón,-a quien señalan de ser asesor parlamentario del diputado federal Víctor Manuel Castro Cosío, tío de Carlos Alejandro Castro «El Bebo».
Los ciudadanos también pidieron la intervención del Poder Legislativo para que se solicite el arraigo del exprocurador Fernando González Rubio Cerecer, y demás funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, implicados en las investigaciones, por acción u omisión en el caso.
Ante los diputados locales encabezados por Jesús Gabino Ceseña Ojeda, Graciela Treviño Angulo, Humberto Mayoral y Silvestre de la Toba Camacho, los indignados ciudadanos hicieron hincapié en la plena desconfianza hacia el nuevo procurador de justicia interino, Francisco Karim Martínez Lizárraga, a quien señalan como el principal operador financiero en la compraventa de predios del Gobernador del Estado.
También acusaron que el gobernador Narciso Agúndez Montaño, una vez más se ha burlado de la sociedad, toda vez que violentó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado porque no debió haber nombrado a Francisco Karim Martínez Lizárraga, dado que la ley establece que en ausencia del Procurador de Justicia éste debe ser suplido por el subprocurador de Averiguaciones Previas, y no se cumplió con ese apartado.
Y respecto al Fiscal Especial para el esclarecimiento del asesinato de Jonathan Hernández Ascencio, Francisco Javier Alvarez Marrón, se hizo referencia de que éste trabajó para el trienio que encabezó Víctor Manuel Castro Cosío, tío de Carlos Alejandro Castro Castro «El Bebo», uno de los implicados en el crimen ocurrido en las afueras del Bar Las Micheladas.
«Son del mismo equipo, son de los mismos, sólo se van a proteger. Debe nombrarse a un procurador que provenga de la sociedad civil, que no sea amigo, ni compadre del gobernador, ni tampoco que sea de la misma procuraduría», externaron.
De igual manera pidieron a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado que se busquen los mecanismos necesarios para que se logre el arraigo del exprocurador Fernando González Rubio Cerecer, así como del resto de los funcionarios implicados en las investigaciones, que sean sometidos a investigación y castigados por acción u omisión.
Y también exigieron al Congreso del Estado que, al momento de que sea elegido al nuevo Procurador General de Justicia del Estado, sean analizados los perfiles y experiencia, honestidad, no el compadrazgo, amiguismo o pertenencia al grupo político en el poder.
