El Gobernador del Estado había declarado públicamente a El Semanario ZETA de Tijuana, que pediría a la PGR que se investigara a servidores públicos señalados de presuntos nexos con grupos del crimen organizado y no lo ha pedido.
Mientras que la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada continúa investigaciones e incautando más propiedades de narcotraficantes en La Paz, el Gobernador del Estado, Narciso Agúndez Montaño se ha desentendido de su promesa de solicitar a la Procuraduría General de la República de investigar a sus funcionarios de las áreas de seguridad pública.
Recordemos que en la edición del 19 al 25 de febrero, el Semanario ZETA de Tijuana, apunta de manera textual: El Gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, engañó hace dos semanas, se comprometió públicamente y ante ZETA a que solicitaría a la Procuraduría General de La República que investigue a sus funcionarios para determinar si protegieron o no a los narcotraficantes detenidos en La Paz Baja California Sur, particularmente a Teodoro García Simental, aprehendido por el Ejercito Mexicano, la Armada y la Policía Federal el 12 de enero de 2010.
Agúndez Montaño diría que la solicitud de investigar a funcionarios de la seguridad publica tendría como objeto deslindar la sospecha que los funcionarios dejan vivir con impunidad a narcotraficantes en la zona de La Paz.
En aquella ocasión Agúndez Montaño diría que la solicitud tendría como objeto deslindar la sospecha que desde esa fecha se cernió sobre su equipo de seguridad dado que el capo llevaba meses residiendo en una conocida zona de La Paz, misma duda que incrementó, cuando un mes después en esa misma ciudad fueron detenidos Raydel López Uriarte y José Manuel García Simental. Ni así el Gobernador Narciso Agúndez ha cumplido su palabra de investigar a sus principales colaboradores en materia de seguridad: Luis Armando Díaz, Secretario de Gobierno; Lennin Giovanni Rodríguez Aguilar , Secretario de Seguridad Pública y Fernando González Rubio Cerecer, Procurador General de Justicia.
La detención de Teodoro García Simental se dio después de que funcionarios mexicanos y estadounidenses investigaron la ubicación del narcotraficante durante meses en La Paz, mientras éste residía de manera impune ante las autoridades locales. En estas condiciones fue conocido también que para guardar la seguridad, La Policía Federal no notificó a las autoridades locales, aquellas bajo el mando de Agúndez, sobre el operativo de Captura de los Capos del cártel Arellano Félix, cosa contraria lo ocultó a la autoridad Estatal. La participación de los locales fue requerida posteriormente cuando la SIEDO solicitó policías del estado para custodiar las viviendas incautas y evitar saqueos.
En entrevista con ZETA el 2 de febrero, el mandatario de Baja California Sur, negó que sus colaboradores y subalternos hayan tenido contacto con «El Teo» y hasta dijo que la captura era una caso «esporádico» porque afortunadamente el narco no se había infiltrado en esta región, sino que era un lugar de descanso, por lo que no operaba desde Baja California Sur, al final de ese encuentro periodístico el gobernador instruyó a su Director General de Comunicación Social, Antonio Alcántar López, a entregar copia de la solicitud de investigación que presentaría muy pronto y muy posiblemente esa misma semana.
La detención del hermano de «El Teo» evidenció una vez más la falta de investigación, control y seguridad por parte de la esfera gubermanental, y terminó por acrecentar la sospecha de proteccionismo en Baja California Sur.
El jefe de prensa del gobernador de Baja California Sur, primero dijo que entregaría información el jueves 11 de febrero a más tardar y en los días posteriores hasta el cierre de esta edición, no entregó copia de documento alguno que diera fe de la solicitud para indagar a los funcionarios, pero en esas estaba cuando se dio la detención del hermano y el compadre del «El Teo» lo cual evidenció una vez más la falta de investigación, control y seguridad por parte de la esfera gubermanental, y terminó por acrecentar la sospecha de proteccionismo en Baja California Sur y para el crimen organizado, no podría ser, pues coincidencia que seis capos hayan sido detenidos en aquel estado entre 2006 y 2010.
LAS INVESTIGACIONES AVANZAN
Las primeras declaraciones del sucesor de la estructura criminal de «El Teo» su hermano José Manuel «el chiquilín» sorprendieron a los agentes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Federal Preventiva: reveló que desde La Paz y en menos de un mes, ordenó el asesinato de 84 personas, también reveló que desde aquella ciudad controlaba operaciones criminales en Tijuana que le dejaban una ilícita fortuna de 300 mil dólares al mes por la venta de droga, Ante esas declaraciones, autoridades federales acreditaron que la organización criminal operaba secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y ejecuciones desde La Paz, gozando de impunidad, es un hecho entonces «El Teo» «El Chiquilín» y «el muletas» no estaban de descanso ni de vacaciones en La Paz, esa ciudad era su centro de operaciones, situación que la autoridad estatal dijo desconocer.
