Dada la denuncia pública realizada en fecha reciente sobre el aumento salarial que se otorgaron los integrantes de la CEDH, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, diputado José Felipe Prado Bautista, se pronunció ayer porque el Organo Superior de Fiscalización lleve a cabo una auditoría que revele el estado financiero y los movimientos recientes realizados en el organismo.
En la lectura del documento en la sesión de la Diputación Permanente, expuso que «en la nobleza de creación del organismo se privilegia velar por los derechos de los más débiles, los desprotegidos, los maltratados y que requieren de una atención especial por parte de las autoridades responsables para evitar que el estado se sumerja en una crisis de valores y violaciones a los derechos fundametales, de los que se alejan el actual presidente y consejeros en provecho personal».
«Como legislador denuncio las anomalías que hoy ocurren en el organismo, no es posible avalar que el presidente y los consejeros violen los derechos humanos al despedir, por acuerdo interno, a servidores públicos en las representaciones municipales, asignarse precepciones los consjeros cuando la Ley señala que son cargos honorarios, lo que el ombusdman y los integrantes del Consejo ignoraron».
Precisó que como lo hizo cuando fue propuesto «no avalo la designación del presidente y de los consejros de la CEDH porque no tienen perfil de servidores aptos para la encomienda, así como tampoco avalo ninguna acción en lo presente o futuro lleve a cabo el organismo».
Destacó Prado Bautista que con el afán de construir condiciones que fomenten la transparencia y el sano manejo de las finanzas públicas de la CEDH «me pronuncio por la realización de una auditoría por el Organo Superior de Fiuscalización afin de conocer plenamente el estado de cosas en las que se encuentra el organismo estatal».
En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía en general «para que por conducto de la Comisión Legislativa a mi cargo, acudan a esta representación a canalizar cualquier denuncia o actos que presumiblemente pueden constituir violación de los derechos humanos».
Para concluir sostuvo «Baja California Sur merece un gobierno sano y para lograrlo, es prioritario que sus funcionarios se conduzcan por el sendero de la legalidad y transparencia para que no se de lugar a ningún tipo de irregularidad en el manejo de las arcas públicas, y para ello debemos convertirnos en vigías del desempeño del ejercicio público y fomentar el sanemaiento en el manejo de sus finanzas».
