El senador panista Luis Alberto Coppola Joffroy consideró que es necesario revisar la legislación en materia de arraigo y de testigo protegido.
En el marco de una conferencia de prensa ofrecida por el Grupo Plural de Trabajo el legislador por Baja California Sur aprovecho la para aclarar que no comparte la opinión de que haya sido una cacería de tipo político, porque “aquí en México tenemos la tendencia muchas personas; y yo estoy hablando a título personal y no en representación de ningún partido político, a politizar asuntos que son estrictamente y meramente del orden judicial”.
El senador por Acción Nacional puntualizó que se deben reabrir y revisar los programas de testigos protegidos y de los procesos de arraigo, ante un sistema judicial que es endeble en México. “Ayer ustedes fueron testigos, el Senado de la República se agitó, y lo hizo porque hubo un debate amplio y creo que muchas de las tesis que ahí se expresaron fueron muy coincidentes aunque aparentemente contradictorias”. Destacó Coppola que “Todos coincidimos, y la Cámara de Diputados también, en que hay que ponerle orden a esta situación en México de la violencia. Y aquí me estoy saliendo un poco del tema pero tiene que ver con que los tres órdenes de gobierno se tienen que coordinar para dar soluciones”.
Todos coincidimos, y la Cámara de Diputados también, en que hay que ponerle orden a esta situación en México de la violencia
El también presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Alta puntualizó que no es momento de buscar culpables sino soluciones concretas porque México ya no puede esperar a que nos pongamos de acuerdo los legisladores. Aquí habría que hablar en términos de despojarnos de vestiduras, de ideas, de creencias y de ideologías en búsqueda de soluciones que los mexicanos están reclamando. Cabe señalar que el pasado 29 de enero, 12 ex funcionarios michoacanos, quienes habían sido detenidos en mayo de 2009, fueron liberados, pues el juez del Tribunal Unitario Auxiliar de la Séptima Región desestimó las pruebas aportadas por la PGR. No obstante, otros 20 ex servidores públicos michoacanos aún continúan en prisión.
