A pedradas agarraron a los ministeriales en Calafia

La Paz, B.C.S. En la negrura de la noche, agentes ministeriales se vieron rodeados por cinco sujetos y un menor, quienes molestos tras ser cuestionados sobre su presencia pasadas las 8 de la noche en la carretera, a la altura de la colonia Calafia, decidieron, a golpes e insultos, satisfacer la curiosidad de los oficiales.

El zafarrancho se inició pasadas las 8 de la noche del domingo, cuando agentes de la PGJE adscritos a la comandancia contra Abigeato y Robo de Productos Agroquímicos, patrullaban por la zona de la paceña colonia Calafia.

En ese momento, los uniformados tuvieron a la vista un vehículo marca Nissan, color rojo, estacionado a la orilla de la carretera, y a un costado, dos sujetos en “actitud sospechosa”.

Los oficiales, detienen la marcha de su unidad para cuestionar a la dupla, si tenían algún problema. Como única respuesta, los ministeriales recibieron una letanía de impublicables apelativos y lugares a dónde podían ir, seguida de la agresión física y el intento de despojar del arma de cargo a uno de los hombres de la ley.

Hasta ahí el encuentro de desarrollaba de manera pareja, pero de la nada apareció un vehículo tipo van, del cual descendieron una dama, un adolescente y un sujeto de la tercera edad, quienes tan pronto pusieron un pie en tierra, recolectaron respetable cantidad de piedras con las que comenzaron a lapidar a los uniformados.

Y mientras se suscitaba lo que parecía ser un “atínale al poli”, unidades de apoyo se dirigían veloces hasta Calafia para respaldar a sus compañeros quienes ya no sentían lo duro, sino lo tupido.

Ya con apoyo, los ministeriales pudieron someter a la quinteta integrada por Karitino Arrieta Rodríguez, Raúl Ramírez San Martín, Pedro Luis Rincón Arredondo, Javier Barranca Carrizal, José Paz Arrieta Vargas y el menor de nombre José Luis N, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

El interestatal grupo compuesto por veracruzanos, guerrerenses y oaxaqueños fue acusado por su presunta responsabilidad en hechos que pueden constituir un delito, consistente en ultrajes y violencia contra funcionario e instituciones.

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