Zona de opinión

El liberalismo de derecha y la gangsterilización de la política 

Es verdad sabida que dentro del pensamiento liberal, como en toda doctrina política o filosófica, hay corrientes de opinión, enfoques y matices distintos que dan lugar a la formación de grupos con opiniones diferentes y aun antagónicas. No es, pues, arbitrariedad o mero capricho hablar de una derecha liberal que se singulariza por su fanática defensa de los planteamientos y tesis más alejados del espíritu libertario y progresista de algunos de sus fundadores, e, incluso, con opiniones directamente opuestas a dicho espíritu, en abierto contraste con quienes defienden, difunden y tratan de aplicar lo mejor, lo más rescatable y progresista del humanismo que alentó en los fundadores más consecuentes. Tampoco es ningún descubrimiento afirmar que, en términos muy resumidos, la médula del liberalismo se puede sintetizar como la rehabilitación, defensa y elevación del individuo a la categoría de principio supremo y finalidad última de la sociedad humana, la cual, en consecuencia, sólo se justifica como el instrumento ad hoc para estatuir, legalizar, practicar y defender, por todos los medios a su alcance, las libertades, garantías, derechos y privilegios del individuo, incluso por encima de la propia sociedad y en contra de ella si fuere necesario. El individuo, su libertad irrestricta y su derecho de propiedad lo son todo; y la sociedad, si no está a su servicio y para su defensa, se convierte en una ergástula que oprime el espíritu del hombre y hace nugatoria la dignidad esencial de la persona humana. Para los liberales de derecha, individuo y colectividad son conceptos y realidades antagónicos, que sólo pueden coexistir a condición de que la segunda se someta incondicionalmente a los intereses privados del primero.

En este punto de vista se han apoyado siempre, y se siguen apoyando hoy, los defensores de la desigualdad humana y de la injusticia social; los partidarios abiertos de los privilegios de unos pocos a costas de los muchos; de la dominación de unos hombres (los “individuos superiores”) sobre otros (los “individuos inferiores”); y todos los que ven en los derechos de las masas, tales como el derecho de asociación, de organización y de manifestación pública, una aberración teórica y un peligroso error práctico que pone en serio riesgo el equilibrio social al permitir que los “inferiores” se agrupen y se refuercen entre sí para imponer su voluntad a los superiores, que de ese modo quedan reducidos a la impotencia y condenados a una derrota segura. ¡Cuidado! gritaron y gritan alarmados los defensores del “orden” y de la “tranquilidad” sociales; ¡cuidado con abrirle la puerta de la jaula a esas bestias feroces e irracionales que sólo buscan desquitar su rencor y su frustración social en contra de los “verdaderos constructores de la civilización!” Un ejemplo bien documentado de esto es la famosa “ley Le Chapelier”, dictada precisamente contra de los primeros intentos sindicales de los obreros franceses para la defensa de sus derechos laborales, la cual, con “argumentos” semejantes a los aquí dichos, castigaba con la pena de muerte a todo aquel que fuera sorprendido haciendo proselitismo con ese propósito. Y un ejemplo moderno, igualmente documentado, es la saña con que se calumnia, se insulta, se distorsiona y se condena cualquier auténtica protesta organizada de los pobres del país, también en defensa de sus intereses legítimos. Pasando sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con mayor razón sobre las leyes de ella derivadas, políticos (en la banca o en activo), organismos “de la sociedad civil”, columnistas, reporteros, conductores de noticiarios de radio y televisión y tutti cuanti, al menor amago de protesta de los marginados, abren las compuertas de su furia “liberal y amiga del orden y de los derechos de terceros”, y dejan caer sobre ellos devastadoras cataratas de lodo, excremento, calumnias, insultos y descarados llamados a la represión violenta de los “alborotadores y chantajistas”.

Esta fobia de las capas sociales altas contra los derechos y libertades populares, ha penetrado ya, desde hace buen rato, en el discurso y en la práctica política de los tres niveles del poder ejecutivo (municipal, estatal y federal), lo que se pone de manifiesto en la muletilla de moda que sueltan cada vez que lo consideran oportuno: “yo no trato con organizaciones, sino sólo con ciudadanos libres e independientes” (??¡¡). Y en honor a la justicia histórica, hay que reconocer que esta lapidaria sentencia no se oyó en boca de los gobernantes sino hasta que la pusieron de moda los liberales de derecha, esto es, los gobernantes salidos de las filas del PAN; pero es un hecho que los priistas, con muy poco juicio crítico, la han hecho suya y la utilizan a discreción cuando les hace falta. Y la degeneración liberal de derecha no para aquí. En varios estados del país, los titulares del poder ejecutivo municipal y estatal han respondido, ante la tenacidad de los antorchistas que no se someten al “no trato con organizaciones”, con un recurso más “efectivo”: la amenaza directa y el terror ejercido a través de grupos delincuenciales a su servicio.

Dos ejemplos recientes: El miércoles 9 de los corrientes, un grupo de encapuchados detuvo, golpeó, despojo de sus escasas pertenencias y amenazó de muerte al joven Santos Mendia Páez, miembro del Comité Estatal Antorchista de Durango, junto con 6 campesinos compañeros suyos, en un camino vecinal del municipio de Mezquital del Oro. Liberados, los secuestrados y amenazados anduvieron errantes por la serranía duranguense durante tres días, sin comer ni beber, por temor a que los delincuentes regresaran a cumplir su amenaza. El otro caso ocurrió por las mismas fechas en Uruapan, Michoacán, donde fue secuestrado el colono antorchista Porfirio Moreno Flores durante cuatro días, plagio que se da en el marco de una lucha para que el alcalde de esa ciudad atienda las modestas peticiones de sus compañeros. Mientras duraba su cautiverio, los secuestradores advirtieron a un hermano suyo: “dejen de estar defendiendo a los ambulantes y de acosar a los pepenadores del basurero municipal”, si no “levantaremos a su mero líder”, el Ing. Rodolfo Lemus. En ambos casos es imposible cargar el delito al crimen organizado, chivo expiatorio favorito en nuestros días, primero porque los secuestrados no llenan, ni de lejos, el perfil de la gente que interesa a estos grupos, y segundo, porque su modus operandi es radicalmente distinto. En cambio, la filiación política de los plagiados, las preguntas que les hicieron sus captores y el momento político del ataque (en ambos casos hay una lucha de masas por demandas legítimas de la gente), dicen a las claras que detrás de tales infamias están autoridades que, como el alcalde de Uruapan, “no tratan con organizaciones”. El liberalismo de derecha, pues, está derivando peligrosamente hacia el crimen político. ¡Y eso sí que pone en riesgo la estabilidad social!

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