RIP Alonso Méndez Suriano

Por denunciar delitos de la SHCP, persiguen a ex funcionaria

Cecilia Barra, el brazo ejecutor de Gil Díaz

shcpLa conducta ejemplar de la doctora en Derecho Lilia Cortés García ha servido para dejar constancia y comprobar, con pruebas suficientes, uno de tantos casos de corrupción administrativa, peculado, abuso de autoridad, prevaricato, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de los cargos públicos, que han sido características esenciales del sistemita político mexicano.

Se trata de un asunto de la mayor importancia que no ha sido tratado con la relevancia informativa que requiere. Involucra la nefasta actuación de todos los secretarios de Hacienda que han actuado bajo los sexenios panistas y priístas de este siglo, desde Vicente Fox y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, hasta el impresentable Enrique Peña Nieto.

Como directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, Lilia Cortés García se negó a realizar un atraco legal que le costó el cargo: ¡transferir setecientos cincuenta mil millones de pesos del presupuesto acordado por el Congreso de la Unión a partidas de gasto diferentes, bajo la firma de autoridades inventadas para tramitarlo! Nada más, pero nada menos, dijera Pérez Galdós.

Lo que ha sido hasta la fecha una insana práctica administrativa, hacer cera y pabilo la voluntad popular supuestamente expresada en la aprobación presupuestal por el Congreso, para reorientar el gasto público en función de los desaseos y entrambuliques de los fruncionarios de Hacienda, que de este modo pasan encima de todos a la hora de la canija realidad.

Cecilia Barra, el brazo ejecutor de Gil Díaz

Al negarse a aceptar la chicanada que el secretario Francisco Gil Díaz  había ordenado, utilizando los servicios de una palafrenera de nombre Cecilia Barra y Gómez Ortigosa, directora general de Programación “A”, cuyo cargo estaba en el limbo, ya que no había sido avalado oficialmente, Lilia Cortés García desautorizó el movimiento presupuestario ilegal, mandado a hacer a las sombras y a modo.

Lilia Cortés García denunció oportunamente ante el Órgano Interno de Control de la SHCP y ante la Secretaría de la Función Pública el entredicho en que se incurría no sólo por manipular partidas del gasto federal, sino por realizar falsos movimientos administrativos, tendientes a violar maquinadamente la legislación vigente.

Delincuencia organizada de funcionarios

Desde entonces, doña Lilia fue cesada por órdenes de Francisco Gil Díaz, alegando pérdida de confianza. A partir de ahí, ha sido víctima de todo tipo de vejaciones, torturas, discriminación, levantones, amenazas, persecuciones y agresiones para ella y su familia, gracias a que en valientes defensas de su caso ha puesto en evidencia la incapacidad de todo el aparato para someterla.

En su calvario legal, una de las representaciones más inhumanas, crueles y atroces del despotismo oficial, las autoridades que dizque nos representan han violado todos los principios del debido proceso, el famoso y tan presumido Estado de Derecho, las garantías constitucionales y los programas y leyes de la tan mentada anticorrupción.

Esos dizque servidores públicos han demostrado, con pruebas irrefutables, que integran un sistema de delincuencia organizada de fruncionarios, que se sirven de todo tipo de argucias para esquivar la ley. Nada ni nadie se puede interponer en ese objetivo. Todos están obligados a aplaudirlo. Hasta que se aparece alguien que se niega en redondo.

Todos los delitos y agravios de que la “autoridad” es capaz

La ‎historia jurídica de esa infamia está contenida en ciento diez mil hojas autentificadas, veintisiete averiguaciones previas, todas con resoluciones a su favor, y por si fuera poco, acuerdos camerales de dieciocho comisiones especiales del Senado de la República y de la de Diputados, que han dictaminado y avalado su razón en tribuna, recomendando reinstalaciones y reivindicaciones… sin un solo resultado.

En todos los expedientes consultados, consta que se han cometido todos los delitos y agravios de que la “autoridad” es capaz, desde falsificación de documentos oficiales, usurpación de funciones, falsedad en declaraciones ante autoridades judiciales, acoso, hostigamiento y amenazas de muerte, entre otras decenas de conductas tipificadas.

Manejo discrecional de SHCP a los presupuestos aprobados

‎El caso Lilia Cortés García ha sido denunciado en cincuenta y seis  instancias nacionales e internacionales. Ha conseguido el apoyo y la solidaridad de treinta y nueve organismos no gubernamentales de México y del exterior. Ha dejado constancia de la vesania gubernamental para violar todas las estructuras, en pro de los bolsillos de los mandarines.

Sin embargo, la mayor trascendencia de lo revelado en el asunto de Lilia Cortés García es el manejo político que los fruncionarios de Hacienda dan a los contenidos del presupuesto. Mientras pasa por la aprobación de la Cámara de Diputados asustan con el petate del muerto a los desvalidos, la gran mayoría del país, a quienes exigen  amarrarse el cinturón…

… ahogando toda posibilidad de inversión en salud, educación, vivienda, alimentación, infraestructura básica, campo, empleo productivo, mientras, a trasmano, por medio de las transferencias –jamás monitoreadas por los mortales– dan rienda suelta a sus caprichos y a las promesas que dejan en prenda a los grupos financieros del extranjero, sometiendo el contenido del capital colectivo a deudas impagables y estratosféricas.

Sobornaron a los titulares de PGR y CNDH

Como perros de presa han actuado los abogados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tapar con la sucia cobija a ‎Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Ernesto Cordero, José Antonio Meade y Luis Videgaray de los delitos de desacato y abuso de autoridad, peculado y corrupción, en todas las instancias, donde han sido vencidos por Lilia Cortés García.

Los abogados, jefaturados por Jaime Loe Rangel, un tinterillo que jamás ha podido acreditar su título profesional, han tratado por todos los medios de torcer la ley, las averiguaciones previas, los laudos laborales, los acuerdos plenarios de tribunales, sentencias de amparo y todos los procedimientos habidos y por haber, sin lograr nada, sólo hundir más a los titulares. Exponerlos al ludibrio de la opinión pública.

‎Así fue como, para premiar a Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, la hechiza culiempinada que aprobó la transferencia multimillonaria del presupuesto para cumplir el capricho de Gil Díaz, el entonces procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, la nombró Oficial Mayor, para que desde ese puesto pudiera torcer la averiguación previa 131/UEIDCSPCAJ/2006 por la cual Lilia Cortés García había logrado sostener jurídicamente la destitución del titular de Hacienda.

Así fue cómo el mismo Procurador General de la República dio órdenes a sus mejores mastines para trasladar a Lilia Cortés García a una casa de seguridad en las Lomas de Chapultepec y “aconsejarle” no volviera a cometer  la torpeza de denunciar los enjuagues de los validos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Así fue como se encubrió ‎la entrega de varios millones de pesos de la PGR a José Luis Soberanes, a la sazón presidente de la CNDH y al infeliz Eduardo Romero Ramos, secretario de la Función Pública, a cambio de no atender las denuncias del caso contra todos los funcionarios corruptos. Es decir, ¡entregar sobornos a los sobornadores!

Y a los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito

Así fue como Cecilia Barra sobornó a los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito para que ampararan a la SHCP evitando la reinstalación en su cargo de Lilia Cortés García, entregándoles la suma de cincuenta millones de pesos, según consta en autos. El presidente de ese Tribunal, Héctor Arturo Mercado, fue rechazado después en su afán de  integrarse al Tribunal Federal Electoral.‎ Se le explicó que mancharía la reputación de todos los demás, usted sabe.

Así fue como Cecilia Barra sobornó también a los miembros del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que habían emitido un laudo favorable a la reinstalación de Lilia Cortés García a su cargo en la SHCP, para lograr que finalmente  sobreseyeran el expediente, y hacerlo dormir el sueño del injusto. Todo, con la maleta de billetes en la mano, la única ley que conocen los perversos, pusilánimes y acobardados.

Tres presidentes y cinco titulares de SHCP en evidencia

‎Validos en que una golondrina no hace verano, los mentecatos se aferran a cualquier gancho para llevar hasta sus últimas consecuencias la tapadera de sus patrones, sin importarles que el país esté en la cuarta pregunta. Para ellos, el futuro es hoy, sólo porque quién sabe si habrá mañana para continuar saqueando.

Los tres presidentes y los cinco secretarios de Hacienda del presente siglo están en evidencia supina. Son delitos de lesa majestad y de traición a la patria, que alguna vez serán cobrados. A todos ellos, sin excepción, no les quepa la menor duda.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Abundando en el tema expuesto aquí hace dos días –Claudia Pavlovich ya iguala a Padrés en corrupción–, desde Hermosillo, Sonora, me escriben para denunciar que el director de administracion y finanzas de la Secretaría de Cultura, Francisco Javier Molina Caire, maneja a su antojo el recurso de esa dependencia. Que usa empresas fantasma –¿dónde habré oído eso?– como Kyu, SA de CV y Concentradora de Servicios Inmobiliarios, pasándose por el arco del triunfo todos los procedimientos administrativos. ¿Será que la mandataria estatal también les dijo que “se pusieran guapos”, como acostumbra? + + + Pocos saben que el ya indiciado –en Texas, no aquí— Luis Carlos Castillo Cervantes (a) El Rey de los Dragones, se reunió, una semana antes de aprobarse los presupuestos de 2017, con Baltazar Hinojosa, diputado y candidato perdedor del PRI al gobierno de Tamaulipas y actual presidente de la jugo$a comi$ión de Infraestructura de la Cámara Baja, y con Alfreditito del Mazo, legislador que aspira a gobernar el Estado de México. ¿Dinerito pa’ la campaña? ¿Viejos tratos con papi Alfredito? + + + Tips para los investigadores de la PGR: Javier Duarte puede ser ubicado en Toronto, Canadá. Tomás Yarrington y Eugenio Hernández viven al sur de la capital nacional, en colonias vecinas, separadas por la avenida de los Insurgentes. A ambos los une el monumento a Álvaro Obregón, aquel de los “cañonazos de 50 mil pesos”. Nada que ver con los cientos y hasta miles de millones de ahora.

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com


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