RIP Alonso Méndez Suriano

La verdad sobre el robo al Ayuntamiento de Los Cabos

Aquí estamos (la columna de Leonardo Trejo)

El Semanario Zeta, uno de los más críticos del Gobierno municipal de José Antonio Agúndez Montaño, publicó esta semana un amplio reportaje sobre el fracaso del expediente judicial de la policía de Marcos Covarrubias Villaseñor contra el ex tesorero Gerardo Manríquez Amador y la ex directora de Ingresos Susana Burgoin Amézquita.

El reportero Gerardo Zúñiga Martínez sostiene en su trabajo periodístico que “a casi un año de haberse perpetrado el millonario auto-robo en la sede del Palacio Municipal de Los Cabos, ocurrido el 1 de febrero de 2015, la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) comenzó a caerse en pedazos, después de que el Poder Judicial de la Federación, determinó suspender la orden de aprehensión librada en contra de los dos presuntos responsables de planear y ordenar el atraco de 3 millones 490 mil 152 pesos en el gobierno del ex alcalde José Antonio Agúndez Montaño.

Sostiene el semanario Zeta: “después de 213 días de haber huido y tras ser declarados oficialmente “prófugos de la justicia”, el ex tesorero Gerardo Manríquez Amador y la ex directora de Ingresos del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Susana Burgoin Amézquita, lograron obtener la protección de la justicia federal, y así, asestar el primer revés a la PGJE, tras promover y ganar un juicio de amparo y echar abajo la orden de aprehensión librada en su contra por el delito de robo agravado cometido en una oficina recaudadora del pasado gobierno municipal cabeño”.

“Así, la justicia federal -según la copia de los juicios bajo los números de expedientes 570/2015 y 573/2015- resolvió dejar sin efecto la detención de los ex funcionarios señalados de ser los autores intelectuales del millonario auto-robo en el último tramo de la administración del ex alcalde de Los Cabos, por no haber encontrado elementos probatorios en los respectivos expedientes judiciales; es decir, ninguna prueba documental o imputación directa en contra de los acusados”.

En el amplio reportaje se reconoce que, de acuerdo con la copia de los juicios de amparo, bajo el número de expediente 570/2015 y 573/2015, la única imputación en todo el expediente que el Agente del Ministerio Público de la PGJE presentó en contra del ex tesorero y la ex directora de Ingresos del XI Ayuntamiento de Los Cabos, fue la declaración del ex agente de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Raúl Orozco Martínez, donde al hablar de Gerardo Manríquez Amador y Susana Burgoin Amézquita, lo hace señalando que una tercera persona le dijo que iban a cometer un delito”.

Todo mundo sabía que inculpar al tesorero y a su directora de Ingresos era una vil falacia de la PGJE y del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, en realidad su interés no era encontrar culpables y mucho menos meter a la cárcel a estos dos ex funcionarios municipales, el objetivo era desacreditar más a la administración de Antonio Agúndez y tumbar la campaña de Narciso Agúndez Montaño que comenzaba alcanzar al candidato del PAN Arturo de la Rosa Escalante.

Hicieron uso de todo el aparato judicial para golpear a sus enemigos políticos, incluso 12 horas antes de las elecciones del 7 de junio, la PGJE giró las órdenes de aprehensión y filtró la misma a los medios de comunicación, para darle el tiro de gracia a la campaña del candidato del PRD-PT-MC a la presidencia municipal Narciso Agúndez Montaño.

Hoy en día todo el teatro se les viene abajo, es el Poder Judicial Federal quien los desenmascara y exhibe. Para mayor detalle les dejo la liga del reportaje del semanario ZETA.

En todo este trabajo sucio hay dos actores que jugaron un papel fundamental y que bien podrían ser contra demandados por Gerardo Manríquez y Susana Burgoin Amézquita. Se trata de Julio César Arreola y Sigifredo Álvarez Castro, abogados del policía municipal Raúl Orozco Martínez.

Julio César Arreola y Sigifredo Álvarez Castro

Fueron ellos quienes aconsejaron y convencieron a Orozco Martínez para que inculpara a los funcionarios del Gobierno de José Antonio Agúndez Montaño, sin más pruebas que lo dicho por un tercero a quien incluso en el expediente lo señala sólo con su apodo de El Güero.

Gracias a ese trabajo sucio solicitado por el entonces gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor y Arturo de la Rosa Escalante, Julio César Arreola fue premiado como Director Jurídico de la Policía Municipal de Los Cabos y Sigifredo Álvarez Castro como Director de Asuntos Jurídicos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.

Ahora el brazo de la justicia puede caer sobre ellos, sólo es cuestión que los ex funcionarios municipales, que fueron sometidos a un linchamiento público y político, tengan el interés de salvar su honor y el de su familia.

 


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