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Balconeando / Peligro real

La Ley de Seguridad Interna que el PRI y sus aliados quieren aprobar es porque tienen terror a lo que pueda pasar en las elecciones del 2018, pues las probabilidades de que el partido tricolor y sus aliados ganen son muy escasas, por lo que quieren tener una ley a modo para reprimir las protestas ciudadanas que resultarían si se intentan imponer vía fraude. . .

Probablemente la mayoría de los senadores aprobarán la Ley de Seguridad Interior que les fue enviada por la Cámara de Diputados, y si es así, se habrá concretado una de las peores agresiones al estado de derecho en el país pues le regresarán a las fuerzas armadas, mediante una redacción confusa y abstracta, las facultades y prerrogativas que de facto habían alcanzado hasta el año de 1940.

Si preocupante es la pretensión del gobierno de Enrique Peña Nieto de aprobar apresuradamente la Ley de Seguridad Interior, más lo es el hecho de que tanto legisladores y gobernantes mientan tan descaradamente al respecto.

¿Por qué? Bueno, porque otorgará facultades extra-constitucionales al Presidente de la República, suspenderá además de modo arbitrario la vigencia de los derechos humanos; echará por tierra la reforma constitucional del año 2011; le conferirá poderes especiales al Ejército y a la Marina como lo son ejercer facultades exclusivas del Ministerio Público y peor aún, le quitará al mismo Congreso de la Unión la facultad de declarar la suspensión de las denominadas Garantías Constitucionales.

También se pretende con la Ley de Seguridad Interna otorgarle al Ejecutivo en turno, sin ningún control constitucional, la facultad de “declarar la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior”, y sólo estará obligado a presentar un informe al Congreso de la Unión -a través del Secretario de Gobernación- de lo que ocurrió, esto una vez terminada la contingencia que haya afectado la seguridad interior.

Aunado a todo lo antes mencionado, la nueva ley facultará a las fuerzas armadas a efectuar sin previa declaración de afectación a la seguridad interior, “las acciones necesarias para identificar, prevenir  y atender riesgos, de manera permanente”, lo que significa, en la realidad, la omnipresencia de las fuerzas armadas.

Y es que contrariamente a lo argumentado públicamente, a lo largo de la legislación que se pretende aprobar de manera definitiva en la Cámara de Senadores, no se le otorga al Ejercito ni a la Marina ninguna garantía de establecer las regulaciones necesarias para participar en la preservación de la seguridad pública, al contrario, les permitiría de aprobarse, participar permanentemente en las tareas de seguridad pública, además del establecimiento de todas las medidas que consideren necesarias para “prevenir” los riesgos a la seguridad interior, concepto que, por lo demás, no está contenido en la Constitución y que ahora por la vía de una ley reglamentaria se pretende incorporar.

También queda en pie el principal problema, usar a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia a pesar de que no están preparadas para esos fines. Más aún, rebasadas las instituciones por el crimen organizado, las que fueron combatidas por gobiernos panistas y priistas con los mismos esquemas y cuyos resultados son el más absoluto de los fracasos, ahora se pretende en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto dar al traste con todo incluso hasta con la posibilidad de perder la mismísima Presidencia de la República.

Así que es una ominosa señal la que le envía al electorado el gobierno, mismo que aún tiene cuentas pendientes por las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en  Atenco y con el asunto de Ayotzinapa.

Bien decía Martin Luther King: Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales, se acerca a la muerte espiritual, y nuestro México está cerca de ello; no hay mucho más que decir, por eso mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .


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