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Balconeando / Moches y mochadas

Hoy en día sale a relucir que la administración municipal de La Paz ha estado totalmente alejada de la sociedad, con un alcalde perezoso que no trabaja y que se ha ausentado por largas temporadas, y que ha dejado las decisiones importantes y trascendentales casi siempre en manos de ignorantes y pillos. . . .

Mucho se ha comentado sobre el caso del Juicio de Amparo Indirecto que desestimó el XV Ayuntamiento de La Paz, y cuya sospechosa ineptitud ha recaído en la Consejería Jurídica que dirige José Santiago Leal Amador, y que incluso ahora se dice que habrá de costarle 26 millones de pesos al erario público que administra muy cantinflescamente el alcalde Armando Martínez Vega.

Desde luego que el pago de esa suma millonaria no saldrá del bolsillo del presidente municipal Armando Martínez Vega; ni de la síndica municipal Rosa Evelia Solorio Ramírez; ni tampoco del director de Asuntos Jurídicos, Santiago Leal Amador; ni mucho menos del tesorero Raúl Adrián Calderón Jordán o de los inmaculados y bien ponderados regidores paceños.

No, claro que no, porque la factura por el del fallido juicio millonario los tendremos de pagar todos nosotros a través de los impuestos que nos cobran sin perdón alguno y que sirven también para sostener los jugosos salarios de los flemáticos funcionarios que devengan como si fueran axiomáticos profesionales del servicio público, pero que en la práctica sirven para una con sal y dos con manteca.

El caso del juicio por el contrato de concesión a favor de la empresa Grupo Integral de Recolección y Reciclaje de Occidente que representa como apoderado legal Gerardo Tadeo Jáuregui Quezada, se había guardado en la más en total sigilo y absoluta secrecía desde el 29 de octubre de 2015, esto cuando por primera vez el gobierno municipal se enteró del inicio del proceso judicial en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, y donde  únicamente se reclamaba –en ese momento- que dejaran trabajar a la compañía de acuerdo a lo pactado, esto después de que Francisco Javier Monroy Sánchez les entregó el título de concesión para prestar, explotar, administrar y conservar el servicio de alumbrado público municipal de la ciudad capital del estado.

Pero sucede que si el otorgamiento del permiso fue legal o ilegal, entonces debió haber sido fundado y motivado debidamente por José Santiago Leal Amador, esto durante el proceso del juicio con argumentos sólidos y guardando desde luego todas y cada una de las formalidades, y no de manera arrebatada como desgraciadamente actuó.

De acuerdo a varios datos recabados y que incluso han sido ventilados en algunos medios sudcalifornianos, quizá la intención de esta descalabro legal haya sido para negociar por debajo del agua la nada despreciable cantidad de 8 millones de pesos que se dice se repartirían entre Armando Martínez Vega, Rosa Evelia Solorio Ramírez y Santiago Leal Amador.

Así, bajo la cultura de los moches y las mochadas, sale a relucir que la administración ha estado totalmente alejada de la sociedad paceña, con un alcalde perezoso que no trabaja y que se ha ausentado por largas temporadas de su cargo, fue que se le hizo fácil dejar la toma de decisiones importantes y trascendentales a tipos ignorantes y pillos.

Por eso da la impresión de que Armando Martínez Vega tiene absoluta y plena complicidad con el director de Asuntos Jurídicos, José Santiago Leal Amador, y con la síndica Rosa Evelia Solorio Ramírez, y si no lo cree  saque por favor sus propias conclusiones: Primero; el edil paceño fue quien puso en bandeja de plata la cabeza del secretario general Isidro Ibarra Morales, para que así el Cabildo en pleno se la cortará de un trancazo, simple y sencillamente por haber evidenciarlos, esto después de contestar el requerimiento girado por el Juzgado Segundo de Distrito.

Segundo; no es obra de la casualidad ni mucho menos que el grupo edilicio no haya citado hasta el momento a comparecer para discutir la pésima, inexacta, errante y hasta cierto punto sospechosa defensa orquestada del director de Asuntos Jurídicos, Santiago Leal Amador, y donde pareciera que la consigna fue la de perder el caso de una forma vil.

Tercero; que la propia sindica municipal Rosa Evelia Solorio Ramírez, haya emitido declaraciones contradictorias en un informe oficial y ante un Juez Federal, terminó por evidenciarla que no es una persona de fiar, cuando se supone es la responsable de salvaguardar el patrimonio de quienes vivimos en el “Puerto de Ilusión”.

Y cuarto y última; Resulta verdaderamente escandaloso percibir cómo todos los juicios en los que se ha visto inmerso el Ayuntamiento se tuercen de una manera artera e incluso, hasta bien organizada.

¿No lo cree? Bueno, pues veamos  el caso del juicio político en contra de los ex regidores en el Congreso del Estado, o las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República por el mismo caso, o los juicios laborales de los trabajadores despedidos a inicio de la administración de Armando Martínez Vega, o tal vez el asunto de los parques públicos vendidos a terceras personas.

Todos y cada uno de ellos, han sido invariablemente malogrados de una manera muy sospechosa, y donde lo único que hizo la consejería jurídica ha sido señalar que se está combatiendo legalmente los asuntos, cuando en realidad la derrota de los juicios se ha convertido en un jugoso negocio beneficiándose unos cuantos nada más.

¿Será el Gobierno del Estado quien se vista de superhéroe y venga a rescatar lo poco que queda de la pésima administración de Armando Martínez Vega? ¿Se operará y negociará desde Palacio de Cantera una salida política al asunto? ¿Serán llevados ante las leyes el alcalde, la síndica y el coordinador Jurídico del XV Ayuntamiento de La Paz? ¿O tendremos que pagar como siempre sucede por las estupideces que cometen quienes se supone nos representan?

Tal vez sean muchas preguntas y muy pocas las respuestas, por lo que quien esto escribe mejor seguirá Balconeando. . .


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Una Respuesta de Balconeando / Moches y mochadas

  1. Raffaello 04/05/2017 en 8:48 PM

    Es dificil a veces creer que las “irregulsridsdes” sean desconocidas para los organizmos gubernamentales que verifican los procesos…y del Gobierno del estado.

    Nos hace voltear en la actual “moda” de jefes de Gobierno inmiscuidos y su subsecuente persecución.

    Lo malo que esto NO es nuevo…

    A donde llegaremls? Que deberá passr para que esto termine?

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