Balconeando / Información desfasada

Muchas veces es difícil saber a ciencia cierta qué hacen

Guadalupe Rojas Moreno

Guadalupe Rojas Moreno.

Muchas veces es difícil saber a ciencia cierta qué hacen, gestionan o proponen cada uno de los 21 diputados locales que se tienen en Baja California Sur, pero llegó a mis manos una información que creo es digna e importante de comentar en este espacio.

Y es que la legisladora Guadalupe Rojas Moreno, emanada de Movimiento de Regeneración Nacional, se opuso tajantemente a la iniciativa que fue enviada por el gobernador Carlos Mendoza Davis de aprobar 2 mil 900 millones para ser gastados de forma discrecional.

Y tratando el tema con la diputada Rojas Moreno, ahora se sabe que se carece de la información suficiente para que se proceda a su análisis y revisión de forma responsable dicha solicitud enviada por el Ejecutivo, luego de que es una copia mal hecha a la que se presentó hace un año.

Por otra parte, mantiene un esquema en el que a decir de la legisladora de MORENA no se está de acuerdo ni acorde, pues es parte de una serie de especulaciones y meros supuestos y no otorga una distribución discrecional de dichos incrementos, y por último, y no menos importante, casi la tercera parte de dichos recursos a distribuirse no merecen ni siquiera una línea de argumentación en lo que fue entregado por el gobernador Mendoza Davis.

Con tales datos, no se permite el cumplimiento a cabalidad de la facultad del Congreso contenida en el artículo 64 fracción XXXI y que a la postre dice: XXXI Aprobar, y en su caso modificar, el Presupuesto de Egresos del Estado y fijar las contribuciones para cubrirlo, por lo que dicha atribución resulta nula cuando lo que se presenta como ampliaciones presupuestales, derivadas de un análisis que se hace hasta el mes de Julio, respecto a los ingresos obtenidos por distintas fuentes con una proyección hasta el resto del año.

Esto es, lo que a dos meses de concluir el 2016, están entregando información de la mitad del año con especulaciones y proyecciones de la otra mitad, y que sobre ello se insiste en que “ya está gastado y que no podemos hacer nada al respecto, salvo aprobarlo”.

Por otra parte la iniciativa Mendocista denota descuido y mucha prisa en su redacción, tal y como se puede apreciar cuando se da inicio con un título único sin que su articulado sea numerado, y luego iniciando con dicha numeración hasta el título segundo, lo cual podría dejar en la incertidumbre si todo lo referente a la fuente de ingresos, cuya argumentación es copia =repito nuevamente= de la de hace un año, quedando fuera de la iniciativa de decreto lo cual sería obviamente, fuera de toda lógica.

Otra muestra de lo anterior lo constituye el apartado de la página 18 de la iniciativa presentada, donde al final de la exposición de motivos expone en un resumen lo que constituyen las reasignaciones planteando que las mismas son fundamentalmente resultado del “Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Fondo de Pavimentación de Desarrollo Municipal, los Convenios Reasignados con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, entre otros”, siendo que si bien el año pasado esto era algo real, en este año esto está fuera de todo el ajuste ya que incluso, la Universidad tiene una disminución respecto a lo autorizado por el mismo Congreso del Estado.

Si ya de por si tal situación debiera requerir de la más amplia y suficiente explicación por parte de los encargados de las finanzas estatales, resulta por demás inusual que dicha disponibilidad inicial no hubiera sido calculada desde inicio de año, y por lo tanto incluida en el proyecto de Ley de Ingresos que se votó el año pasado a fin de poder incidir también en su distribución.

Y es que resulta que también el año pasado fue presentado al Poder Legislativo como parte de las ampliaciones presupuestales dicho concepto, por lo que uno se cuestiona ¿Si esto es un superávit, no deberían de incluirlo en la aprobación presupuestal? En su caso y de darse los ahorros que pudieran justificar tales cantidades ¿No deberían ser informadas las razones de tales ahorros al Congreso del Estado?

Como puede verse, debiera de existir otro trato respecto a dichos recursos, ya que de otra manera en el recinto donde se hacen las leyes no podrían enterarse jamás de los subejercicios anuales que llegaran a presentarse, y de los mismos no podría hacer otra cosa que no fuera sino votar a favor de que fueran incluidos como “disponibilidad inicial” hasta el mes de noviembre del siguiente año, y donde ya no se pudiera hacer nada respecto a revisar hacia donde se hubieran orientado.

Es más, debería de ser responsabilidad de la Secretaría de Finanzas estar al pendiente y con las corridas financieras actualizadas, al momento de que se fueran aprobando las distintas disposiciones que solicita, como en la actualidad se presenta con la adición de un artículo 129 bis de la Ley de Hacienda, ya que de que se acepte, los ingresos derivados de ésta aprobación deberían incluirse en la Ley de Ingresos del año que entra, y a su vez distribuidos al momento de aprobar el presupuesto.

 Sin embargo, esto no es así, según se desprende de las propias justificaciones globales que se dan de las ampliaciones 2016, al afirmar que 44 por ciento de los incrementos que se dieron en el apartado de Derechos, fueron derivados de las potestades que el gobierno estatal asumió en materia de control vehicular, registro civil y registro público de la propiedad. Sin embargo, hace un año dichas facultades fueron aprobadas para que las asumiera el Gobierno del Estado, y sin embargo los recursos derivados de ello no fueron actualizados ni en la Ley de Ingresos, ni en el presupuesto, por lo que hoy les piden a los diputados aprueben dicha ampliación.

 Y es que si no se modifican estas prácticas serían omisos como Poder Legislativo en cumplir con la función de control y aprobación del presupuesto, ya que todos los recursos que el Ejecutivo va incluyendo al no actualizarse, dispondrá de su destino de forma discrecional, durante diez meses del año, presentándolos al último para su autorización.

Por último, el destino de estos recursos que se dio en el presente año, resulta discrecional y fuera de lo que constituyen acuerdos y convenios con el Gobierno Federal, pueden ser bastante cuestionables.

El apartado de servicios generales, además de contar con un incremento en su conjunto, en su interior se otorgan reorientaciones fuera de cualquier lógica o justificación que pudiera realizar esta soberanía. Por ejemplo, mientras le fueron autorizados 10.8 millones de pesos al Gobierno del Estado para comunicación social, resulta que gastaron 52 millones de pesos, y ahora sé busca aprobar esta situación.

Ante ello sólo podríamos mencionar que dichos gastos se dispararon de febrero a septiembre ¿Por qué esto es así? ¿Por qué se da el incremento desmesurado en estos meses?

Mientras se presupuestaron 29 millones de pesos para la adquisición de vehículos, se presenta una modificación a sólo 4.7 millones, y en cambio en rentas de vehículos se incrementa de lo aprobado por el Congreso del Estado a más de 4 millones de pesos. ¿Se está privilegiando la renta de equipos de transporte, por encima de su compra? No lo sabemos, porque esto es parte de lo que se tendría que aclarar con los responsables de finanzas y no hacen.

Los servicios de consultoría administrativa es otro apartado donde se dan incrementos que casi llegan al mil por ciento, incrementándose estos de 600 mil pesos presupuestados a más de seis millones de pesos.   Sin embargo en el caso de las comisiones bancarias, resultan exorbitantes, denotando o una preparación del presupuesto deficiente, al no prever con oportunidad los recursos necesarios para atender este concepto, o que los propios servicios bancarios estén haciendo cobros extraordinarios: Mientras que se presupuestaron más de 11 millones de pesos en este rubro, se solicita una aprobación de 74 millones de pesos, esto es de 579 por ciento al monto original.

En el caso de seguros se pasó de 1.2 millones de pesos a más de 67 millones de pesos, lo que significan un 5 mil 468 por ciento más. ¿De qué seguros estamos hablando? ¿De los que se han anunciado a los pescadores del estado o más bien de seguros de gastos médicos mayores para funcionarios de primer nivel? No se explica por ningún lado.

Y sin embargo, recursos que hubieran sido importantes como los que se han sabido por la opinión pública a raíz del conflicto con la Casa del Estudiante Sudcaliforniano, no sufrieron variaciones: 120 mil pesos mensuales había y 120 mil pesos mensuales quedaron finalmente inamovibles, a pesar de que es obvio que se requiere un incremento para resolver, o por lo menos dar muestra de interés en mejorar las condiciones del inmueble de los estudiantes sudcalifornianos en la Ciudad de México.

Del calendario de administraciones sólo nos deja más dudas que respuestas. Por ejemplo, el Anexo IV. ¿Por qué se asignaron 628 mil pesos para el Primer Informe del Gobernador en marzo del presente año si se suponía que éste sería en septiembre y se terminó dando hasta noviembre?

Que conste que solo es una interrogante, pero mientras se dan respuestas creíbles y sustentadas, mejor quien esto escribe seguirá Balconeando. . . . 


* * *


Anúnciate en Peninsular Digital

 

¿Quires anunciarte en Peninsular Digital?

Aquí puedes descargar nuestras tarifas.

Email de contacto: publicidad@peninsulardigital.com.