Balconeando / Denuncias “en trámite”

La Procuraduría General de la República ha omitido actuar en contra de 15 mandatarios estatales

La Procuraduría General de la República ha omitido actuar en contra de 15 mandatarios estatales -nueve de ellos aún en funciones- cuyos gobiernos habrían cometido doble defraudación contra el erario federal, incluido el ex gobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.

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Aunque en la dependencia obran 82 denuncias penales por simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación, la institución mantiene en la impunidad a los responsables de los quebrantos.

En las 82 acusaciones penales se detalla un mismo modus operandi: Luego de malversar, desviar o subejercer recursos federales, las administraciones estatales reintegraron =sólo por horas o días= el dinero a la Tesorería de la Federación; posteriormente, lo retiraron y gastaron en objetivos ajenos a su etiquetación presupuestaria. En algunos casos, ni siquiera se conoce el destino final.

Dicha simulación representa un nuevo desvío y por tanto, un daño al erario federal, así lo consideran las acusaciones penales en manos de la PGR. El perjuicio contra la hacienda pública por este motivo asciende a 8 mil 25 millones 600 mil pesos.

Las denuncias de hechos fueron interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación en 2013 fueron 3, en 2014, un total de 52, en el año 2015, fueron 21 y en este año fueron 6, y todas ellas cuentan con respaldo documental. No obstante las evidencias, ninguna ha sido consignada ante un juez.

Datos de la propia Auditoría Superior refieren que oficialmente 66 se encuentran “en trámite”, una ya fue mandada a la reserva, mientras que las 15 restantes se dirimen en tribunales federales de amparo.

Por lo anterior, es imprescindible que las recomendaciones y denuncias de la Auditoría Superior de la Federación se tomen en cuenta. Primero, para que detonen investigaciones, se sancione como debe de ser y haya justicia; y segundo, para que las recuperaciones sobre los recursos públicos que se desviaron se regresen al Estado, a la Tesorería de la Federación para que se vuelvan a destinar al gasto público o, en su defecto, se utilicen para combatir la corrupción cuando menos.

La cuestión del gasto público es muy delicada, a veces quienes están en el poder ni siquiera saben cómo se debe ejercer el presupuesto y quieren gastarlo como desean.

De la lista de acusaciones penales elaborada por el máximo órgano de fiscalización del país, se desprende que los titulares de las administraciones involucradas en estos supuestos ilícitos serían:

Javier Duarte de Ochoa, ahora ex militante del Partido Revolucionario Institucional y ex gobernador de Veracruz, con dieciocho denuncias por simulación de reintegros, interpuestas en noviembre de 2014 y abril de 2016. El monto total de la presunta estafa asciende a 4 mil 770 millones de pesos, según la ASF.

El priísta Fausto Vallejo y su sucesor Salvador Jara, ex mandatarios de Michoacán, con once denuncias presentadas entre agosto y octubre de 2014. La simulación en sus gobiernos habría ascendido a 1 mil 268.3 millones de pesos.

Ángel Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática y ex gobernador de Guerrero, mantiene ocho denuncias interpuestas en contra de su gestión, esto entre agosto y octubre de 2014, y al igual que las anteriores son por simular devolver 967.7 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México y actual mandatario de Chiapas, quien en este caso, su administración habría simulado reintegros por 253.1 millones de pesos, lo que le valió cuatro denuncias penales presentadas ante la PGR entre agosto y octubre de 2014.

Graco Ramírez, del PRD y actual gobernador de Morelos, mismo que según la Auditoría Superior, en su gestión se ha simulado el reintegro de 167.8 millones de pesos, motivo por el cual existen ocho acusaciones penales presentadas en octubre y noviembre de 2015 y enero de 2016.

El perredista y aún mandatario de Tabasco, Arturo Núñez, cuyo gobierno habría simulado reintegrar 136.1 millones de pesos y enfrenta tres acusaciones penales interpuestas desde agosto de 2013.

El priísta Mario López Valdez, actual gobernador de Sinaloa, en cuyo caso la ASF interpuso dos demandas en octubre de 2015 por la simulación de reintegros por 135.6 millones.

Marcos Covarrubias Villaseñor, ex perredista, ahora militante del Partido Acción Nacional y ex mandatario de Baja California Sur, donde su gobierno fue denunciado en ocho ocasiones =entre octubre y diciembre de 2015–=por un presunto quebranto de 88.3 millones que debían permanecer en la Tesorería de la Federación pero que fueron sustraídos y gastados ilegalmente.

El todavía gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, cuya gestión impulsada por el PRD y el PAN fue acusada en cinco ocasiones =entre agosto y octubre de 2014= de simular reintegros por 83.7 millones de pesos.

Mariano González, del PRI y aún titular del gobierno de Tlaxcala, que enfrenta dos denuncias penales por la supuesta simulación de reintegros por 82.7 millones, las acusaciones fueron presentadas en agosto y octubre de 2014.

El priísta y ex gobernador de Colima, Mariano Anguiano, cuya gestión habría simulado reintegrar 46.9 millones, enfrenta siete denuncias penales desde fines de 2014.

Miguel Alonso Reyes, también del PRI y ex gobernador de  Zacatecas, quien de acuerdo con la ASF, su administración habría dañado al erario federal al sustraer ilegalmente de la Tesorería de la Federación reintegros por 18.4 millones de pesos. Por ello, en octubre de 2015 se interpusieron tres denuncias de hechos.

El panista Francisco Vega, actual mandatario de Baja California, y a quien en su gestión se le señala por simular reintegros por 5.3 millones de pesos, mismo que desde octubre de 2015 fue denunciado por este presunto ilícito.

Y Miguel Márquez, también militante del PAN y actual gobernador de Guanajuato.,  a quien se le señala de sustraer 1.5 millones de pesos de las arcas de la Tesorería de la Federación en un par de denuncias presentadas entre octubre de 2015 y febrero de 2016.

Así que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en el periodo de 2011 a 2014, las 32 entidades federativas incurrieron en anomalías por 175 mil 295.6 millones de pesos en total, monto que sólo incluye los recursos fiscalizados por la “Auditoría Especial del Gasto Federalizado”, pero que no engloba las cifras observadas en auditorías al gobierno federal.

Los estados en general son vulnerables. Y con ello no digo que esto no pasa en la federación, simplemente parece que en los gobiernos estatales el grupo político  tiene un control absoluto de todas las instituciones y de las instancias sancionatorias y que imparten justicia, a grado tal que el nivel de impunidad les da la certeza de que no va pasar nada y los lleva a actuar con descaro y cinismo.

¿Habrá sanciones reales a todo esto comentado? ¿Prosperarán las denuncias “en trámite”? ¿Se podrá recuperar los millones de pesos que estos mandatarios y ex mandatarios han desviado? No lo sé, mientras tanto quien esto escribe mejor seguirá Balconeando. . .


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