Balconeando / Corrupción y corruptelas

La pregunta obligada es: ¿Dónde quedó la bolita de todo esto?

Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor

Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.

El 26 de agosto de 2012, el entonces gobernador del Estado de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, anunció con bombo y platillo el arranque del nuevo Hospital General en Ciudad Constitución.

Durante una gira de trabajo por Comondú, el ex mandatario dijo que en octubre de aquel 2012 arrancaría la obra de construcción, en la cual se tenía previsto invertir 195 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, además de dar respuesta a las necesidades más apremiantes de los pobladores de “El Valle”.

El gobernador nacido en Ayutla, Jalisco, pero adoptado como sudcaliforniano, adelantó que el ambicioso proyecto contaría con 30 camas, servicio de urgencia, laboratorio, una decena de consultorios, incluido uno especializado para maternidad y equipado con la más alta tecnología en laboratorio, ultrasonido y rayos X.

El nuevo hospital -según presumió Covarrubias con su típica sonrisa- pretendía ser la magna obra de su administración para Comondú, ya que reemplazaría al viejo hospital que tenía en ese entonces casi cuarenta años de antigüedad, por lo que era prácticamente obsoleto.

Marcos Covarrubias recordó en aquellos ayeres que la media península había duplicado su número de población, por lo que la demanda de servicios de salud había crecido de manera importante, sobre todo con el lanzamiento del llamado Seguro Popular. En números concretos, la Secretaría de Salud atendía al 34 por ciento de los sudcalifornianos, y la tasa neta de crecimiento de los servicios era del 4.1 por ciento, por lo que el nuevo nosocomio elevaría de vida de los lugareños.

El proyecto original consistía en edificar y equipar el nuevo Hospital General entre 15 y 18 meses, aproximadamente. Después del anuncio del ahora ex gobernador, fue lanzada la licitación pública bajo el número de expediente LO-903006996-N7-20112, mismo que fue sometido a concurso el proyecto de construcción del llamado nuevo hospital de Ciudad Constitución.

Conforme a la convocatoria, los recursos provendrían del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo gasto fue autorizado el 31 de julio de 2012 bajo el número de folio SNP1/153210/277/2012, expedido por Banobras. El expediente remitido al Órgano de Control Interno de la Secretaria de Salud, y en cuyo caso pasaría a manos de la jefe de la unidad, Ariadna Aracely Ocampo Ávila, nombrada por el anterior titular de la Secretaría de Salud, Virgilio Jiménez Patiño.

Las compañías interesadas en participar en la construcción del nuevo nosocomio fueron: Anáhuac Organización Constructora, S.A. de C.V., representada por Jesús Manuel de la Peña Manríquez; Integradora Peninsular de Constructores de Baja California Sur, S.A. de C.V. encabezada por Rafael Meza Osuna; Constructores Asociados de Teotihuacán, S.A. de C.V. representada por Martha Elizabeth Rodríguez Flores y Maranges Arquitectos, S.A. de C.V. liderada por Mario Monterrubio Cotija.

El 26 de septiembre del año 2012 el Comité de Obra Pública de la Secretaría de Salud emitió el fallo de adjudicación, entregando la realización a Maranges Arquitectos, S.A. de C.V. e Integradora Peninsular de Constructores de Baja California Sur, S.A. de C.V, por considerar que serían las propuestas técnica y económicamente más solventes.

Pero en el expediente CGE/QD/047/2014 abierto por Contraloría General del Estado, aparecen una serie de correos enviados entre Othoniel Marrón Amao, subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud, a través del correo arqothoniel@hotmail.com; y Gilberto Buitrón Escobar, jefe de supervisión externa de Círculo Arqs, quien utiliza el correo gbuitron@circuloarqs.com.mx, y donde en una de las conversaciones el supervisor confiesa: “En base a tus indicaciones para autorizar la estimación No. 6 te adjudico tabla comparativa, y señalo en las columnas el avance acumulado hasta la estimación No. 5, el avance real ejecutado, el dato de Círculo Arqs, y por último, la estimación No.6, autorizada verbalmente por ti”.

El jefe de supervisión del despacho de arquitectos expuso a ello: “En referencia a tus indicaciones, me presente en la oficina del Arq. Oscar Arevalo, superintendente de Maranges Arquitectos, S.A. de C.V, en referencia a que no estaban de acuerdo con los avances presentados por supervisión, y no se tuvo una respuesta, el cual descalificó el avance señalado por la supervisión, por lo tanto, no aceptamos que se descalifique un avance, sin tener las justificaciones y argumentos técnicos, la constructora no tiene precisado cuál es su avance real ejecutado”.

Finalmente, el representante de Círculo reveló: “En referencia a los anterior, y en base al avance real ejecutado y a los avances pre-estimados, el informe quincenal No.8 es irreal, debido a que se reflejaran porcentajes para cubrir los avances pre-estimados”.

La información de la denuncia fue remitida al contralor interno de la Secretaría de Salud, Julio Buenrostro de Dios, bajo el oficio número CGE/3442/2014, solicitándole abrir una investigación y rendir un informe de avance de la investigación.

El entonces contralor Ismael Peñaloza Pineda, se lavó así las manos y remitió la denuncia al Órgano de Control Interno por presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Secretaría de Salud, de ahí que requería, dijo, “un informe de avance de todas y cada una de las actuaciones que a la fecha hayan realizado como parte de las investigaciones relacionadas al expediente”.

Las confesiones sobre pre-estimaciones consideradas como delito federal, esto por tratarse de recursos de Gobierno de la Republica,  Julio Buenrostro de Dios, quien dicho sea de paso es el esposo de la ahora diputada federal por el Partido Acción Nacional, Gisela Páez Martínez, fue separado de su cargo a finales de la administración pasada, siendo reemplazado por la mismísima Ariadna Aracely Ocampo Ávila.

Sobre estos hechos, y durante los recorridos por la obra en construcción, se notaba claramente que estaba detenida constantemente, pues según uno de los vigilantes nos dijo en su momento que “la Secretaría de Salud no tiene dinero para pagar a las empresas, las cuales única y exclusivamente trabajan cada vez que les sale pago”.

La segunda etapa de la construcción registró un avance del 60 por ciento, pero no pudo ser culminada tampoco, por lo que continúa en obra negra y sin señal alguna de cuándo podría ser terminada.

El 26 de enero de este 2016, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, hizo un recorrido por la obra del nuevo hospital, esto acompañado por el alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, y el secretario de Salud, Víctor George Flores.

El mandatario estatal parece que se dejó llevar por la información del subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud, Othoniel Marrón Amador, y emocionado dio el banderazo de los trabajos de la supuesta conclusión del Hospital “René Thomas Guijosa Habiff”.

Oficialmente se habló de un avance del 90 por ciento en la edificación del nuevo nosocomio, y durante una entrevista ante medios de comunicación, el Ejecutivo adelantó la posibilidad de inaugurar la totalidad de la obra negra entre agosto o septiembre de 2016, e iniciar el proceso de equipamiento a partir de diciembre próximo

Sobre el grave retraso del hospital nadie ha querido hablar, pero según un funcionario de la Secretaría de Salud, quien no me autorizó a publicar su nombre por no ser la voz oficial, “la principal causa del atraso fueron por una serie de desacuerdos y conflictos internos que en la administración pasada surgieron entre las empresas constructoras, los supervisores externos de Círculo Arqs y los funcionarios de la Secretaría de Salud”. “Eso no permitió avanzar, incluso la obra estuvo parada hasta finales del 2015, porque la Secretaría de Salud no pagaba y el constructor no avanzaba porque no le daban dinero”, situación que prácticamente se resolvió en febrero pasado, y desde entonces la obra no dejó de avanzar.

Acorde con el mismo funcionario lo que vino a destrabar el problema fue sacar de la supervisión externa a la compañía Círculo Arqs, esto como una medida para poder reiniciar la obra por parte de las compañías constructoras involucradas.

Pero sobre las irregularidades la Contralora General del Estado, Sonia Murillo Manríquez, se ha abstenido para variar a emitir opinión al respecto, pues a través de su secretario indica que el caso estaba en manos de la jefa de la Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, o sea, Ariadna Aracely Ocampo Ávila, quien prácticamente no sabe ni dónde está parada.

La funcionaria una y otra vez se niega hablar del tema, pues dice no estar autorizada para dar información sobre la obra ni los expedientes de procesos que se investigan.

Así que al ser cuestionada sobre el estatus del o de los expedientes de la investigación, completamente renuente pide solicitarlo por escrito a través de la Unidad de Transparencia. ¿Qué tal con la doñita?

Obviamente, la respuesta deja en evidencia el grado de seriedad, responsabilidad y preocupación de la funcionaria del gobierno de Carlos Mendoza Davis.

El contrato de supervisión externa de la obra de construcción del nuevo Hospital General de Ciudad Constitución a favor de la compañía Círculo Arqs -según el contrato ISSBCS-SUPHGCC-2015/07– fue adjudicado de manera directa y sin haber entrado siquiera a licitación pública, tal y como lo establece el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, ello sobre compras superiores a 316 mil pesos.

Según el contrato la compañía con razón social Círculo Arquitectos Asociados, S.A. de C.V. firmó un jugoso contrato con el hoy ex secretario de Salud, Virgilio Jiménez Patiño, y la ex directora de Administración y Finanzas, Leonor Mendoza Nevárez.

El contrato fue por 3 millones 858 mil 672 pesos con 40 centavos, más 617 mil 387 pesos con 58 centavos del 16% de IVA, para dar un total de 4 millones 476 mil 059 pesos con 98 centavos.  El  tiempo de contratación fue del 29 de enero al 27 de junio de 2015, es decir, un plazo de 150 días naturales por concepto de formular cada quince días un reporte de revisión y autorización de estimaciones, y turnarlas a la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud.

Después de los conflictos con la compañía constructora, y tras la denuncia presentada en la Contraloría General del Estado, Círculo Arqs fue separado de la obra de construcción. Así de fácil y sin más ni más.

Ahora cabe destacar que la inversión inicial del nuevo Hospital General de Ciudad Constitución estaba estimada en 195 millones de pesos, pero luego de tantos meses y meses de retraso subió la inversión a 235 millones de pesos, es decir, 40 millones de pesos más por concepto de ampliación del presupuesto, lo que fue gestionado y entregado en la administración pasada; sin embargo, no fue ejecutado por los conflictos internos entre la compañía constructora, el despacho Círculo Arqs y la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud.

La pregunta obligada es: ¿Dónde quedó la bolita de todo esto? . . .  No sé, mejor quién esto escribe seguirá Balconeando.


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Una Respuesta de Balconeando / Corrupción y corruptelas

  1. Miguel A. Rdgz. 12/10/2016 en 3:40 PM

    Entendemos que a nivel Estatal y Federal, es la Secretaría de la Contraloría quién debería fiscalizar las obras y gastos..

    Que paso??

    La obras, en especialmente que, tienen un fin de ayuda o apoyo a la sociedad de manera directa (no solo por el servicio brindado si mo por los empleos generados) deben ser fiscalizados con mayor detalle y exigir la rendición de cuentas cuando obras tán costosas no sean culminadas ni justificados los retrazos.

    Se debe, claro, exigir la culminación de las obras en los tiempos programados, pero además de ello, cwrtificar los costos, tiempos y resultados sean avordes a lo autorizado.

    El gobierno del Estado debería aclarar “QUE PASÓ” pero también la Secretaría de la Contraloría es nuestro “Representante” para exigir aclaraciones..

    Pecando de inocencia la pregunta es..Y QUIEN RESPONDE…????

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